El impago de las ayudas enfrenta a entidades sociales y Generalitat

Albert Carbonell es el presidente de MIFAS, un grupo privado que ofrece servicios asistenciales a 170 personas con discapacidad física y acompañamiento en la inserción laboral en Girona. En su cajón reposan facturas de subvenciones por 642.000 euros que la Generalitat no le ha abonado entre 2011 y 2014. “Solo en los intereses que tenemos que pagar a los bancos por las pólizas y los avances para cuadrar cuentas nos gastamos 27.000 euros al año. Con eso pagaríamos una plaza de cuidador”, explica Carbonell.

Se trata de una situación a la que se ha tenido que acostumbrar el tercer sector. De hecho, el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi) denunció ayer que desde 2011 la Generalitat debe 82 millones de euros en subvenciones. La mitad, asegura la entidad, corresponden al Departamento a Bienestar Social. Otros 38,6 millones son adeudados por Empresa y Ocupación. Enseñanza, Salud, Justicia y Presidencia también tienen cuentas menores pendientes. El cálculo de Cocarmi se ha hecho con la información recolectada por las diez federaciones que forman el comité.

La Generalitat, sin embargo, tiene unas cuentas distintas. Desde Bienestar Social y Empresa y Ocupación informan que la deuda acreditada es mucho menor. El primer departamento la cifra en 21 millones de euros; el segundo, 5,6 millones, el 31% de lo que denuncian las entidades.

Independientemente de la cifra, esta deuda histórica “está teniendo como consecuencia una reducción en el servicio, la pérdida de calidad y el aumento en las listas de espera. En definitiva, un creciente riesgo de exclusión social y laboral de las personas con discapacidad”, asegura Antonio Guillén, presidente de Cocarmi. “Los avances conseguidos en las últimas décadas en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, después de muchas luchas, se están diluyendo”, se quejó Guillén.

De la deuda de MIFAS, 304.000 euros corresponden a Bienestar Social, el resto a Empresa y Ocupación. El presidente de MIFAS pone énfasis en que se adeudan transferencia incluso de programas que están a punto de finalizar. Tal es el caso del Programa de Orientación y Acompañamiento a la Inserción de las personas con discapacidad y/o enfermedad mental (POIN). Esta iniciativa comenzó en julio del año pasado y termina el próximo mes de junio. “No hemos recibido nada por este concepto”, asegura Carbonell. Una portavoz de Empresa y Ocupación informó que a finales de este mes se darán tres millones a las entidades participantes.

“Tenemos buena relación con los servicios territoriales de los departamentos, hay diálogo. Pero la respuesta siempre es la misma: no recibimos el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica. Entendemos las dificultades, pero lo único que pedimos es fechas concretas de pago para poder organizarnos”, explica Carbonell.

En varias ocasiones, los trabajadores de la entidad de Girona han cobrado con 15 días de retraso. “A veces hay que hacer malabares contables para poder pagar. Tenemos la suerte de que tenemos un equipo comprensivo, pero donde también hay dramas domésticos”, se queja Carbonell. En temas como los dinamizadores —encargados de las actividades lúdicas— ya se ha pasado la tijera.

Cocarmi pide “vías de financiación en condiciones favorables y que la Generalitat asuma el coste financiero derivado de los impagos”. Buscar financiación bancaria es cada vez más difícil para las entidades. “Los bancos no adelantan dinero para subvenciones de la Administración, pues argumentan que no hay una fecha de pago clara. Los que sí lo hacen, banca ética, te cobran intereses del 5,5%”, dice Carbonell. Recurrir al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) tampoco es opción. Esta entidad actúa como un banco y sabe que con el Gobierno catalán “no hay una fecha cierta de pago”, explica un portavoz del instituto. El ICF sí financia los conciertos.