Alaya amplía la imputación al exconsejero Antonio Fernández

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha ampliado la imputación al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y lo cita a declarar el próximo 28 de abril por el préstamo de 384.841,65 euros concedido a la firma EDM-Séneca. La instructora actúa en la misma línea con el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá. Asimismo, la magistrada ha ratificado la imputación de Fernández por un supuesto delito de cohecho al asegurar que un informe de la Guardia Civil demuestra con “claridad” su presunto enriquecimiento ilícito.

La juez Alaya fundamenta la acusación del exconsejero en la ayuda a EDM-Séneca en un informe de la Intervención General del Estado en el que señala que dicha cantidad constituye una “verdadera subvención a la empresa y no guarda relación alguna con la tramitación de un ERE” y que, por lo tanto, se ha prescindido “absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. Ya en febrero, Alaya imputó por este expediente a los representantes de la firma y amplió la imputación al ex director general de Trabajo Juan Márquez y al exdirector de la agencia Idea Jacinto Cañete. La juez defiende que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos. Además de a Fernández y Barberá, Alaya cita para el día 28 a excargos de la cúpula de Idea y de Empleo.

En cuanto al posible delito de cohecho o blanqueo de capital, Alaya dice que esta “hipótesis criminal” es la que “puede explicar razonablemente” que Fernández, “con su sueldo de consejero, adquiriera en 2008 cuatro inmuebles, dos para él y dos para su hijo”, precisa. Pese a ello, la juez pide a los agentes un informe ampliatorio sobre su patrimonio.

En el auto, fechado el 8 de abril, la magistrada también insiste en el supuesto uso fraudulento de las ayudas por parte de diversas empresas públicas y en la confabulación del Gobierno andaluz. En dicha resolución, Alaya examina los últimos documentos remitidos por la Junta, entre ellos, las reuniones presididas por el consejero de la Presidencia y los viceconsejeros (los consejillos) y las memorias de la Intervención General.

En cuanto a documentación de los consejillos, Alaya detalla cómo Empleo presentó en varias ocasiones un proyecto para regular las ayudas, pero que este documento “fue totalmente relegado” o “guardado en un cajón” en diferentes ocasiones. Esta demora fundamenta la tesis de la instructora contra el Gobierno andaluz, al que acusa de haber “instaurado y mantenido” un procedimiento supuestamente ilegal. Además, asegura que los directivos de estas empresas y el Ejecutivo conocían las irregularidades a través de los informes de la Intervención. La juez ha pedido a la Junta nueva documentación.

Por último, la magistrada vuelve a defender que, debido "a la carga de trabajo y lo ingente de la tarea" es imposible ahora dividir la causa en piezas. Eso sí, la instructora mantiene que, llegado el momento, "ir formando paulatinamente, para el adecuado manejo de la causa, legajos de ayudas por empresas, uniendo a cada uno de ellos cuanta documentación se relacione con las mismas y que se encuentre dispersa".