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Aguirre anula la candidatura del alcalde de Navalcarnero

La presidenta del PP de Madrid rectifica su decisión de apostar por el triple imputado como cabeza de lista en las municipales

Baltasar Santos, alcalde de Navalcarnero.
Baltasar Santos, alcalde de Navalcarnero.

La presidenta del PP de Madrid y candidata a la alcaldía de la capital, Esperanza Aguirre, ha decidido este sábado rectificar su decisión, conocida ayer, de ratificar al actual alcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos, como cabeza de lista en las próximas elecciones municipales. Santos, regidor de esta localidad de 25.000 habitantes desde 1995, está imputado en tres procesos abiertos y su confirmación había sentado muy mal dentro del partido, pues ponía en entredicho el discurso de la campaña de Aguirre a favor de la regeneración democrática y de una gestión intachable de los recursos públicos.

Fuentes del PP señalan que Aguirre, que había retrasado la decisión sobre el futuro de Santos hasta esta semana -con muy escaso margen de maniobra, ya que la semana que viene se conocerán las listas electorales-  ha "fulminado" a Santos "por mentir". "Dos responsables del partido preguntaron a Santos si estaba imputado en alguna causa y él les aseguró que no lo estaba. La dirección regional confió en su palabra, y cuando se ha comprobado la situación real, Aguirre ha sido contundente", indica un peso destacado del PP madrileño. Los dirigentes consultados reconocen que las informaciones de EL PAÍS "han sido determinantes".

La candidata autonómica del PP, Cristina Cifuentes, se desmarcó de la continuidad de Santos antes de que Aguirre le defenestrase. "[La designación de Santos] se lo tienen que preguntar a la presidencia del PP en Madrid y al comité electoral, del que no soy miembro", afirmó Cifuentes, que resaltó que su responsabilidad es confeccionar la lista para la Asamblea de Madrid. "A mí me avergüenza la corrupción política, la de todos los partidos, y en los de mi partido más, porque son los míos", aseveró la exdelegada del Gobierno. Cifuentes recordó su "compromiso" con que no vayan en la lista regional ni imputados ni investigados por asuntos que tengan que ver con la corrupción.

La oposición cuestionó la explicaciones del PP para desbancar a Santos y replicó que los hechos "eran de sobra conocidos", subraya José Luis Adell, portavoz del PSOE en Navalcarnero. "El alcalde nos ha sumido en la ruina, nos ha dejado en una deuda de 114 millones de euros y subiendo", añade Juan Benito, del partido independiente PDAP. En la Audiencia Provincial está abierta una causa por delito de prevaricación administrativa por los continuos informes en contra de la Intervención municipal (también de la Tesorería y la Secretaría General del Ayuntamiento), con el caso omiso del alcalde.  Santos también está imputado por las cuevas bajo la plaza de Segovia (prevaricación y malversación de caudales públicos) y un polideportivo sin concluir (prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público). Estos dos últimos casos se instruyen en el juzgado de instrucción número cuatro de Navalcarnero.

La amenaza de Santos de escindirse del PP y montar un partido independiente que compitiese por el electorado conservador en Navalcarnero y la negativa de otros cargos del PP a sustituirle pesaron en la confirmación de Santos como alcalde, señalan distintas fuentes del partido. El PP gobierna la ciudad con 12 ediles, por los siete del PSOE, uno de IU y otro del Partido Democrático Popular (PDAP). Navalcarnero, que no presenta cuentas desde 2008, está en quiebra con una deuda por encima de los 114 millones de euros, según un informe de la Intervención del pasado septiembre. Un ejemplo de la gestión de Santos es el sobrecoste del 1.860% en las obras de rehabilitación del casco histórico (pasó de 586.000 euros a 11,5 millones).

Santos no era el único imputado presente en las listas de Aguirre de cara a las elecciones municipales de mayo. También han sido confirmados el alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, imputado por un presunto delito de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, coacción y amenazas; o José Ignacio Fernández Rubio, máximo responsable en Las Rozas y ratificado pese a estar procesado por un delito de prevaricación de su etapa como regidor de Guadarrama.

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