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Un informe de Hacienda frena el procesamiento de un cargo de Feijóo

El caso por cuatro delitos acumula seis jueces y nueve años de trámites

Rogelio Martínez está acusado de fraude de fondos europeos cuando era alcalde

Rogelio Martínez, a la derecha, durante un pleno de la Diputación de Ourense cuando era alcalde.
Rogelio Martínez, a la derecha, durante un pleno de la Diputación de Ourense cuando era alcalde.

Tras media docena de jueces y nueve años de interminables trámites en diferentes tribunales, el procesamiento de Rogelio Martínez, el delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, por la comisión de los presuntos delitos de malversación, fraude, falsedad documental y prevaricación continuada, cuando era alcalde de su pueblo, se ha topado con un nuevo obstáculo. El cierre de la instrucción y su envío a juicio oral permanece nuevamente paralizado, a la espera de un informe que la fiscalía reclamó el pasado mes de febrero a la Agencia Tributaria. Según detallan las fuentes consultadas, el ministerio público —que pidió reiteradamente el archivo de la causa contra Martínez— afirma que, sin ese nuevo informe patrimonial de los técnicos de Hacienda, no puede formular el escrito de calificación, un documento imprescindible para que el juez pueda continuar los trámites previos a la orden de apertura de juicio.

Y es que, en el caso que salpica al superdelegado y hombre de máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo en la tercera ciudad de Galicia, los plazos judiciales se dilatan de forma reiterada desde que en 2006 fue llevado ante los tribunales por el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Siete años después de aquella denuncia, en octubre de 2013, la instrucción concluyó (por segunda vez) que había indicios delictivos suficientes para ordenar el procesamiento de Martínez y los otros nueve imputados, por presunto fraude en el uso de fondos públicos concedidos por la Unión Europea para diferentes proyectos de cohesión en los años 1999 y 2000 que, a pesar de haber sido certificados, nunca se materializaron.

La decisión fue inmediatamente paralizada por una oleada de recursos presentada por los imputados, pero también por la fiscalía, que pidió el archivo de la causa porque, en su opinión, los delitos habían prescrito y las cantidades supuestamente defraudadas no alcanzaban la cantidad mínima para ser considerado delito. Hace 10 meses, en junio de 2014, la Audiencia de Ourense tumbó los recursos y avaló la decisión del juez que los situó a un paso del banquillo de los acusados. Era la tercera vez que Martínez reclamaba el sobreseimiento o archivo de una causa que pasó por tres jueces titulares y varios sustitutos.

A pesar de que la investigación concluyó formalmente hace 18 meses y de que la decisión de la Audiencia Provincial de enviar el caso a una vista oral es firme, el juzgado permanece a la espera de que todas las partes personadas califiquen los hechos y la responsabilidad de los imputados.

Este estancamiento es un capítulo más en la cadena de dilaciones que la instrucción acumula desde hace casi una década. Previamente, otros dos jueces intentaron archivar la causa. Nunca pudieron porque la Audiencia siempre ordenó su continuación. En enero de 2013, Martínez estuvo a punto de sentarse en el banquillo, pero la vista oral fue aplazada porque el juez decidió citar a más testigos y porque, además, encomendó el veredicto sobre la culpabilidad o la inocencia a un jurado popular. El PSOE —también personado en la denuncia— recurrió aquella decisión ya que no le parecía adecuado y su propuesta fue aceptada. Finalmente será un magistrado el que decida. Ahora y a un paso de que se produzca un nuevo cambio de titularidad en el tribunal de Ribadavia, el caso vuelve a estar parado.

En el auto de transformación en procedimiento abreviado, el juez relata la supuesta apropiación de fondos comunitarios concedidos al grupo de acción local Centro de Iniciativas para el Desarrollo de Val do Miño (Ceivam), que el delegado ourensano de la Xunta presidía cuando era alcalde de Arnoia, destinados a la construcción de una planta de biomasa nunca materializada pero que sí fue certificada por Rogelio Martínez, “a pesar de que sabía que no se había ejecutado, sino que se había llevado a cabo la reconstrucción de un galpón”. El juez también detalla ilegalidades en el cobro de subvenciones destinadas a la ejecución de talleres artesanales en los que siguió “estipulaciones similares a las de la planta de biomasa”.