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La Xunta no suspenderá el “tasazo” del agua que subleva a los ferrolanos

Supone 77 euros más al año repartidos en dos pagos semestrales. Unos 2.000 ciudadanos han presentado recursos administrativos al aumento impuesto por el Ayuntamiento

La tasa municipal que grava el saneamiento de la ría de Ferrol lleva camino de ser la piedra en el zapato del Gobierno popular de José Manuel Rey a mes y medio de la cita con las urnas. La Xunta rechazó este jueves suspenderla, tal y como demandó AGE, que lo considera un cobro “indebido” por un servicio que aún no se les presta a todos los vecinos. Supone unos 77 euros más al año repartidos en dos pagos semestrales en el recibo del agua para cualquier usuario con un consumo medio de 8 a 10 metros cúbicos al mes.

La oposición lo llama "tasazo" y ha sublevado a un par de miles de ferrolanos con una avalancha de recursos administrativos que, de uno en uno, han ido cayendo como una montaña de papeles en el registro del Ayuntamiento. La rebelión vecinal, concentrada en la Plataforma Cidadá contra a Taxa de Saneamento, no es contra la depuración de la ría -aclaran- sino contra su coste "excesivo", por anticipado y con un sistema que consideran obsoleto y dañino porque que no separa el agua de la lluvia de la residual.

La infraestructura, que se declaró obra de interés general del Estado en 1995, no está completa 20 años después. Se construyen varios tramos del colector que llegará hasta Narón y Neda para enganchar toda la ribera norte y mientras, la planta depuradora del cabo Prioriño funciona al 10% de su capacidad y procesa unos 8.000 metros cúbicos por día. Con todo, Emafesa, la empresa mixta que gestiona el servicio de aguas de la ciudad, le ha girado el recibo con la nueva tasa a los 30.600 usuarios. Sólo una de cada tres viviendas de los barrios urbanos está enganchada al colector pero todos lo pagan aunque son 20.000 las familias que están fuera de la red, criticó AGE, que defendió la suspensión del 'tasazo' en una proposición no de lei que elevó ayer a la Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente.

“Es una estafa”, argumentó Yolanda Díaz, que acusó al Gobierno ferrolano de “anteponer” el interés de una empresa privada al de los vecinos. Aludía así al socio privado de Emafesa, que es Urbaser (49%), del grupo ACS que lidera Florentino Pérez. “En Ferrol gobierna Dragados”, ironizó Díaz, que acusó a la empresa de “saquear” las arcas locales con balance de pérdidas que el Ayuntamiento, con el 51% del accionario, tenía que compensar. Insinuó que la adjudicación a Emafesa de la gestión de la depuradora hasta el 2030 en un polémico pleno en mayo del 2014 con los votos de la mayoría popular habría sido un “regalo al PP de Bárcenas”.

“Debe ser que necesitaban nuevas fuentes de financiación con carácter presunto”, manifestó Díaz. Logró el respaldo de la oposición a su propuesta pero sus palabras la enfrentaron al portavoz popular, el ferrolano Miguel Tellado, que les afeó que pasaran del “saneamiento sí al saneamiento no”. “Es un mercenario”, le espetó Díaz a Tellado. Ambos coincidieron durante años en el Ayuntamiento ferrolano, la primera como edil de IU y el segundo como jefe de prensa del entonces alcalde, Juan Juncal (PP).

El telón de fondo del cruce de acusaciones entre ambos en la comisión fue las retribuciones que percibe Emafesa, un servicio que IU exige remunicipalizar. Tellado defendió el cobro de la tasa argumentando que los ayuntamientos de Ares o Mugardos, en la orilla sur y con otro sistema de filtrado, cobran “un 26% más” que Ferrol, no sin recordar que sus alcaldes son del PSOE y el BNG, respectivamente.