El PP busca reavivar el conflicto valenciano

“Es un puro acto electoral que pretende volver a generar una lucha que ya queda a años luz. No vamos a entrar en esa provocación”. El presidente de la Associació d’Editors del País Valencià, Jesus Figuerola, se refiere así a la Ley de Señas de Identidad del Gobierno de Alberto Fabra, aprobada el pasado día 25 en las Cortes Valencianas por el PP con el rechazo frontal de la izquierda, en la oposición. Su reacción coincide con la de otros colectivos culturales y educativos que podrían verse afectados por el veto que un Observatorio de Señas de Identidad creado en esa norma tendrá la potestad de aplicar a las ayudas o subvenciones procedentes de la Administración valenciana.

“¿Van a hacer que no tengan ayudas las editoriales que publiquen libros en los que se hable de País Valenciano o se asuma que valenciano y catalán son la misma lengua?”, se pregunta el presidente de los editores valencianos. “Si pasara, recurriríamos legalmente, pero esa ley no tiene la más mínima trayectoria”, añade Figuerola, en referencia a que toda la oposición ha anunciado que derogará la norma en la próxima legislatura, un mandato para el que las encuestas vaticinan que el PP perderá el poder tras dos décadas largas de hegemonía.

“No hacemos declaración alguna al respecto”, comenta escuetamente Vicent Moreno, presidente de Escola Valenciana, la principal organización de padres, estudiantes y profesores por la enseñanza en valenciano. Editores, escritores, organizaciones docentes o movimientos educativos son las víctimas potenciales de un Observatorio de Señas de Identidad en el que el PP ha situado a dos entidades anticatalanistas, la Academia de Cultura Valenciana y Lo Rat Penat, enfrentadas a las universidades y el mundo cultural porque asumen que valenciano y catalán son la misma lengua.

La Acadèmia Valenciana de la Llengua, institución normativa del valenciano y referencia oficial en materia lingüística, recogida en el Estatuto de Autonomía, ha sido marginada por el Gobierno de Fabra por ese motivo. En su pleno del viernes 27, esa, institución de rango estatutario pactada por el PP con los socialistas en los tiempos de Eduardo Zaplana con intención de sacar la polémica lingüística de la agenda política, aprobó una declaración que advierte de que “cualquier aplicación o interpretación de la Ley de Señas que no respete las resoluciones de la Acadèmia Valenciana de la Llengua en materia de lengua vulneraría el bloque constitucional en el que se inserta la norma básica, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y la ley de mayoría cualificada que regula nuestra institución estatutaria”.

Desde el ámbito universitario, el Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura, del campus castellonense, se recuerda que ignorar a la Acadèmia “es un hecho jurídicamente grave y los juristas tendrán que dictaminar si directamente la aprobación de la norma es contraria a derecho”.

En su intento de reabrir el viejo conflicto identitario, el PP ha focalizado la polémica ley también sobre otro frente, el de los toros. Al Observatorio de Señas de Identidad se ha incorporado la Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer. “En un Estado de derecho puedes defender la posición que quieras, pero decimos que no se destine dinero público a una campaña contra una seña de identidad como pueden ser los bous al carrer”, declaraba a este diario el pasado 7 de marzo el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Santamaría, impulsor de la norma.

Ya durante la tramitación de la ley, el Partido Animalista-Pacma llevó a las Cortes Valencianas 20.000 firmas contra es tipo de encierros taurinos callejeros y contra su consideración como “seña de identidad”. Tras su aprobación, la asociación Anima Naturalis acusó al PP de “castigar la libertad de expresión para proteger la tauromaquia”. Natalia Rizzo, de esa asociación, se pregunta: “¿No somos suficientemente valencianos si no nos gustan los toros?”. Y se responde: “No considero que seamos menos valencianos por ser más empáticos con los animales y por rechazar la tortura animal”. Según Rizzo, “el PP busca este tipo de golpe porque se ha quedado solo. Es una falta de respeto al pueblo valenciano”. Y puntualiza: “La posible retirada de subvenciones nos da igual; nunca hemos cobrado un euro”.