Crueldad burocrática

A José María Aráuz, un gaditano de 79 años, se le agota la paciencia y el tiempo para cumplir la promesa que le hizo a su madre: recuperar los restos de su tío Domingo Clemente Vélez, un albañil de la CNT fusilado con 25 años en 1937 y al que, entre otras cosas, le acusaron de ser "uno de esos niños rojos del barrio de La Viña de pantalón azul con mucha campana y gran melena". Su fosa está perfectamente identificada, pero no se firman los permisos para garantizar el derecho a que los familiares recuperen y entierren a sus muertos. La iniciativa web Todos Los Nombres ha hecho público el caso y reclama una solución.

Aráuz está acostumbrado a pelear, pero el tiempo corre en su contra. Ha cumplimentado decenas de documentos, intervenido en el pleno del Ayuntamiento de Cádiz, del que fue desalojado, y llevado su denuncia hasta Argentina. Dice que este carácter lo desarrolló en Los Chinchorros, un núcleo de infraviviendas donde se hacinaron en la posguerra cientos de familias. "Éramos niños sin infancia convertidos en perros callejeros", recuerda.

Desde muy joven asistió al frustrante peregrinar insistente de su madre para recuperar el cuerpo de su hermano y enterrarlo dignamente. Y cuando llegó la democracia, él le prometió que seguiría con la labor “sin rencor y con respeto”. “No olvidéis mi búsqueda”, pidió la mujer.

De esta forma, este ex secretario general de varias federaciones de UGT, inició hace ahora nueve años la labor de solicitar formalmente la exhumación de los restos de su tío. El proyecto cuenta con presupuesto y “no hay ningún impedimento”, resalta el historiador José Luis Gutiérrez, quien ha reclamado públicamente una solución para Domingo Clemente y otros cuatro compañeros represaliados junto a él: José Díaz Mariscal, Manuel Gaviño Pardeza, Juan Antonio García Rodríguez y Domingo Rodríguez Santana, de entre 25 y 37 años.

Eran todos sindicalistas, tres cenetistas y dos de UGT, enterrados el 30 de abril de 1937 en cuatro puestos de la fosa número 6, fila 3, patio 6 de la línea Este del cementerio de San José de la capital gaditana, situado en pleno centro de la ciudad, junto a la playa de La Victoria.

La Dirección General de Memoria Democrática ha intentado en varios ocasiones que comiencen los trabajos. Las asociaciones memorialistas viven pendientes de ese arranque para intentar ampliar el objetivo y desenterrar a más víctimas del fascismo.

El historiador afirma que los informes previos calculan que el viejo cementerio gaditano puede albergar unos 300 represaliados de Cádiz y de la zona de Grazalema. Son las víctimas de la “justicia del terror impuesta a partir de marzo de 1937”, cuando con procesos sumarísimos de 21 días acababan con la sentencia de muerte de los opositores al franquismo.

Domingo Vélez fue uno de ellos. Detenido el 10 de marzo de ese año por guardias civiles destacados en Camposoto en la obra donde trabajaba de albañil. Fue acusado de participar en la resistencia al golpe de Estado y en el asalto a la Audiencia Provincial, además de cuestionar su vestimenta y su “gran melena”. El fiscal pidió cadena perpetua y el defensor intentó salvar su vida pidiendo 12 años de prisión. Sin embargo, fue condenado a muerte y ejecutado.

Con él fue fusilado José Díaz Mariscal, de 37 años. Este carpintero de Cádiz estaba afiliado a la CNT y fue miembro de las chirigotas Los Maños y Los Pichis Musicales. Le acusaron de los mismo que a Domingo Vélez y sumaron haber “patrullado las calles armado”.

“Reunirse en una tienda de comestibles de la plaza Pinto para hablar mal del movimiento” y participar en piquetes le costó la vida a Juan Antonio García Rodríguez, otro albañil gaditano de solo 27 años.

Domingo Rodríguez Santana, de 35 años, barbero de Isla Cristina y vinculado a UGT, fue acusado de un asalto al colegio San Felipe Neri, pese a que nadie probó nunca tal suceso. Le añadieron el cargo de “asistir a manifestaciones vestido con camisa celeste y corbata roja”.

A estos nombres se suman decenas de personas fusiladas por “no tener lugar en la nueva España” y cuyos familiares luchan a diario contra las administraciones para recuperar sus cuerpos y reivindicar sus vidas.