Salud desoye al Parlament y activa el consorcio sanitario de Lleida

“Vamos a intentar tenerlo todo a punto para empezar en verano”. La consigna del Departamento de Salud con respecto a la puesta en marcha del controvertido consorcio sanitario que unificará la sanidad en Lleida es claro y, a la luz de las declaraciones del delegado territorial del departamento en la provincia, Josep Pifarré, tiene fecha de inicio. Pese a contar con numerosos actores sociales en contra y la oposición en bloque del Parlament catalán, Salud ha decidido seguir adelante con el proyecto de crear un consorcio público para integrar en un solo ente los servicios sanitarios de la provincia, que ahora dependen de dos empresas públicas —Gestión de Servicios Sanitarios (GSS) y el Instituto Catalán de la Salud (ICS), el gran ente público que gestiona ocho grandes hospitales y el 80% de la atención primaria de Cataluña—.

El plan, que cristaliza una de las pretensiones más ambiciosas del consejero Boi Ruiz de rediseñar el mapa sanitario y el modelo de gestión del sistema público de salud, se ha topado con un muro de opositores desde que en febrero de 2014 se concretase, en un acuerdo de gobierno, dar luz verde a la propuesta. Multitudinarias manifestaciones en contra y los reproches constantes de buena parte de la oposición en sede parlamentaria obligaron a Salud a retrasar el proyecto e incluso modificar, sobre la marcha, los estatutos iniciales.

Unos y otros coinciden en la necesidad de unificar la sanidad de la provincia pero, frente a la creación de un nuevo consorcio, las voces discordantes apuestan por integrar todos los servicios dentro del ICS, una empresa de sobra confianza para los usuarios y sometida al derecho público. Los opositores, que ven en el proyecto una privatización encubierta de la sanidad, han puesto en tela de juicio el carácter público del ente y la figura jurídica escogida que, aseguran, favorece una mayor opacidad en la gestión. Salud, por su parte, ha tenido que salir al paso y asegurar que en los estatutos del consorcio -que estará participado por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), el ICS, la Universidad de Lleida y el Instituto de Investigación Biomédica-se prohibirá expresamente la entrada de capital privado.

La Generalitat dice que no habrá capital privado y que solo unificará la gestión

El último revés al proyecto lo ha dado el Parlament al aprobar una moción en el que se insta a Salud a frenar definitivamente el proyecto. ERC se ha posicionado en contra y ha apoyado la paralización del proyecto (solo CiU votó en contra y PP se abstuvo).

Sin embargo, pese a la orden del Parlament, la posición de Salud no ha cambiado: “La mejor y la única solución para la sanidad de la provincia es ir juntas las dos empresas y esto es irrenunciable”, sentencia Pifarré. El personal del ICS, de carácter estatutario, se integrará como tal en el nuevo ente y, del mismo modo, el de GSS, que es personal laboral, mantendrá su condición. Los opositores critican que se perderán las plazas de estatutarios porque las nuevas contrataciones serán en régimen laboral.

“No detendremos las movilizaciones en la calle”, avisa la Marea Blanca

Salud mantiene que no todos los trabajadores se oponen al proyecto. El representante de los jefes de servicio en la junta clínica del Arnau, Ferran Barbé, ve “ridículo” estar en contra o a favor. “Es un buen momento para descentralizar la gestión”, señala. Y asegura que “no se puede ir hacia un ICS más inmenso e ingobernable todavía”. Barbé apunta que, de no salir adelante el consorcio, “Lleida se convertirá en un territorio con sanidad de segunda clase y hospitales comarcales”.

Pero la oposición es tozuda y, pese a la persistencia de Salud, mantiene su postura. La Marea Blanca de Lleida ha organizado tres manifestaciones masivas, 350 actos y ha recogido más de 38.000 firmas. Gerard Sala, portavoz de la plataforma, asegura:“Si ellos no lo retiran, nosotros no detendremos las movilizaciones en la calle”.