La fiscal defiende la validez del juicio de Terra Mítica frente a las defensas

La Fiscalía ha defendido este miércoles la validez del juicio de Terra Mítica y ha rechazado que los delitos hayan prescrito, como han argumentado en las dos jornadas anteriores las defensas tanto de los acusados como del parque temático de Benidorm.

El ministerio público ha centrado buena parte de su intervención en la tercera sesión del juicio en la Audiencia de Valencia en reivindicar que el delito fiscal que se atribuye a cuatro directivos del parque y a la propia empresa está vigente porque el momento desde el cual debe empezar a calcularse el plazo de prescripción es el de la devolución por parte de la Agencia Tributaria de los casi 186.000 euros que se efectuó indebidamente por la liquidación del IVA del año 2000. La acusación pública ha destacado que las pesquisas se iniciaron antes de que se cruzase ese límite, que considera fijado en julio de 2006.

La fiscal ha criticado lo que ha calificado de intentos de "obstaculizar" y retrasar el procedimiento por parte de las defensas en la fase de instrucción, algunas de las cuales alegaron en las dos primeras jornadas del juicio "dilaciones indebidas". Y ha destacado que durante los ocho años de instrucción no hubiesen alegado la prescripción con la que ahora intentan anular el juicio.

Carmen García, la represente de la Fiscalía Anticorrupción que ha dirigido las pesquisas, ha mantenido, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, que tampoco pueden considerarse prescritos ni el delito de estafa ni el de falsedad continuada, aunque este último tiene una caducidad más rápida. El motivo es que al tener conexidad con el supuesto fraude fiscal el plazo que se utiliza es el de prescripción del ilícito más grave, en este caso el que afecta a la Hacienda Pública.

Desde la bancada de la defensa se había solicitado también la anulación de las grabaciones que efectuaron los entonces diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such a dos de los empresarios acusados en el procedimiento, al considerar que estas se hicieron "subrepticiamente" y mediante "engaño". La fiscal ha mantenido que la conversación grabada debe continuar dentro del proceso y ha citado distintas sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo en las que se admite la utilización de este tipo de prueba a pesar de que no todos los interlocutores desconociesen que estaban siendo grabados.

En las grabaciones los dos empresarios, que luego se desdijeron, atribuían delitos a uno de los principales acusados, el empresario Vicente Conesa, e implicaban en la supuesta trama en torno a Terra Mítica al expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, aunque solo por lo que les habían contado. Esta vía de investigación quedó en nada.