21 imputados por el desvío de ayudas en el ‘caso Marismas’

El juez instructor Juan Gutiérrez ha imputado a las 21 personas señaladas por el fiscal en el caso Marismas, que investiga el destino de una subvención de 40 millones de la Junta y la Unión Europea para modernizar el sistema de riego de la comunidad de regantes Marismas del Guadalquivir en la provincia de Sevilla. Entre los imputados por malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial, figuran dos ex directores generales de Regadíos, dos jefes de departamento de Infraestructuras Agrarias y un jefe de servicio de promoción rural de la Junta. Todos están citados para comparecer en el juzgado entre el 11 y el 26 de junio próximos.

El titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla encarga a la Guardia Civil que avance en las pesquisas después de un par de años de investigación. “Aspectos sobre adjudicaciones irregulares de estas obras y los expedientes administrativos correspondientes, el destino que se ha dado al dinero desembolsado, las entregas de regalos, las partidas presupuestarias y sobre las certificaciones de obras inexistentes”, aclara en su auto el magistrado.

En paralelo, el instructor ha aceptado la personación de la Junta como perjudicada y ha archivado las diligencias contra el ingeniero Jesús León, actualmente consejero del Sevilla Fútbol Club.

 El caso se inició tras el relevo en la cúpula de la comunidad de regantes, que identificó serias irregularidades en una obra inconclusa con un coste total de 60 millones. La tesis policial es que el concurso público para ejecutar la obra se amañó presuntamente para lograr que dos constructoras locales, Meci y Tegner, participaran de la UTE (Unión Temporal de Empresas) ganadora, liderada por la mercantil Befesa. Ello a pesar de que no había presentado la mejor oferta ya que fue votada por los técnicos en cuarto lugar.

La Guardia Civil estima que los empresarios lograron la complicidad de los técnicos de Agricultura “para que las obras las ejecute la mercantil Befesa”, a pesar de que esta empresa había sido apartada del concurso por incumplir las condiciones de licitación.

Tanto la Junta como la Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) han reclamado las inversiones realizadas en la obra, de 31 y 11 millones respectivamente.