El fiscal investiga si hay prevaricación en la licencia del golf de Vilagarcía

La denuncia del heredero del marquesado de Aranda, Gonzalo Ozores Rey, contra el proyecto del campo de golf de Vilagarcía (el primero de Galicia con 18 hoyos par tres y otros tantos de la modalidad pitch and putt) que se construyó hace dos años en terrenos de su propiedad ha desencadenado una investigación de la fiscalía de delitos urbanísticos y de medio ambiente de A Coruña por presunta prevaricación en la tramitación de la licencia por parte de la Xunta. El fiscal ha apreciado algunas contradicciones en el expediente autonómico tramitado por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, por lo que ha solicitado más documentación a la Secretaría Xeral de Urbanismo para que aclare cómo se calificaron los terrenos de acuerdo con la Lei do Solo y el Plan de Ordenación do Litoral, según fuentes judiciales.

Alvaro García Ortíz indaga si el expediente se ajusta al uso de equipamiento deportivo y de interés público en unos terrenos rústicos de protección para determinar si se incurrió en un delito penal, prevaricación urbanística, o en una falta administrativa, aunque descarta que la tala de árboles que recoge la denuncia sea un hecho punible. Las instalaciones comenzaron a funcionar pese a que en un escrito de la consellería remitido a la fiscalía consta que la autorización concedida el mayo de 2012 luego fue suspendida porque no se hizo constar en el registro de la propiedad la superficie real de la parcela. En junio de 2014, el Ayuntamiento de Vilagarcía decretó la clausura del campo de golf cuando apenas llevaba un año en actividad porque los promotores todavía no habían presentado la documentación que les había requerido la Xunta.

Y no podían hacerlo. Las desavenencias entre herederos, que surgieron después de que la empresa promotora Arosa Golf Gestión lanzase el proyecto y solicitara los permisos a la Xunta, hizo finalmente inviable la empresa. Gonzalo Ozores, único hijo del fallecido Gonzalo Ozores Urcola, marqués de Aranda, se opuso a los planes de su madre Paloma Rey Fernández-Latorre, usufructuaria de los bienes familiares, y se negó a firmar ningún documento que legalizase el campo de golf, llevando el caso a los tribunales.

Ozores intentó paralizar los expedientes administrativos que se tramitaban en los Ayuntamientos de Vilagarcía y Caldas —adonde llegan las tierras del pazo de Rubiáns— para evitar cualquier modificación de los terrenos. Sin su consentimiento el proyecto se vino abajo, al menos por ahora.

Ahora serán los tribunales ordinarios los que tengan la última palabra, aunque podría ser un largo litigio. Paloma Rey alega que como usufructuaria de la herencia estaba legitimada para llegar a un acuerdo con la promotora para que desarrollara el proyecto que llegó a tener más de 300 socios y organizó varios torneos.

El asuntó se abordó este jueves en la comisión de Medio Ambiente en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de AGE y concejal de Vilagarcía Juan Fajardo, que denunció que las instalaciones siguen funcionando sin contar con la autorización de la Xunta y pidió explicaciones a la secretaria xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas. Esta insistió en que la autorización está suspendida mientras no se justifique que el 100% de los terrenos se destinan a las instalaciones de golf y defendió la actuación de la Xunta, de acuerdo a la ley, en la tramitación del expediente que fue remitido a la fiscalía en respuesta a un oficio en el que se le requirió la documentación.

Fajardo criticó que no se expliquen las contradicciones que se aprecian en el expediente de las obras, “que se inicia para una cosa y luego cambia de fines”. “Lo que vemos son incumplimientos flagrantes además de una total ausencia de fiscalización” en unos trámites que están “envueltos en dudas legales” recriminó a Rivas.