Entidades municipalistas, ¿públicas o privadas?

Las entidades municipalistas navegan entre dos aguas: la pública y la privada. Las dos grandes asociaciones catalanas —que ejercen como “sindicato” o “lobby” a favor de los ayuntamientos— se han visto envueltas en escándalos judiciales por el manejo irregular de sus fondos. Por razones distintas, la Fiscalía ha perseguido a la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), ligada al PSC, y a la Asociación Catalana de Municipios (ACM), próxima a CiU. Pero la naturaleza anfibia de esos entes les ha hecho escurridizos a la justicia, que se ve en serias dificultades al atribuir a sus responsables un delito de malversación.

En una decisión polémica, la Audiencia de Barcelona ha archivado, esta semana, la causa abierta contra más de 50 ediles y exediles que cobraron casi 300.000 euros de la FMC bajo la presidencia de Manuel Bustos. En plena fase de instrucción, los magistrados ni siquiera han examinado el fondo del asunto —si los pagos eran dietas lícitas o, como sostienen los Mossos, sobresueldos encubiertos— sino que han dado carpetazo con otro argumento: la Federación es una entidad de derecho privado y los fondos que maneja también lo son, aunque su origen sea público. “Cuando la FMC ingresa la cuota de cada ayuntamiento para formar parte de ella, el dinero pierde la consideración de caudal público”, señalan.

¿Cómo es posible que un capital que nace público (de los presupuestos municipales) se transforme en privado como por arte de magia? Para defenderse de las acusaciones, la ACM y la FMC han encargado dictámenes jurídicos (derecho administrativo, jurisprudencia) que avalan esa tesis. La Fiscalía se resiste, sin embargo, a aceptar una interpretación “formalista” y recuerda que las asociaciones “se nutren de fondos públicos, hacen funciones públicas y están gestionadas por cargos públicos” (los alcaldes).

“Si se consagra la idea de que son fondos privados, abrimos la puerta a que se usen para cualquier fin y sin control”, protesta Raúl García Barroso, abogado de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, acusación popular en el caso Mercurio. El letrado pone como ejemplo que Bustos cargara, a la Federación, comidas de placer por casi 4.000 euros. O que regalara, a cargos del ente, relojes Calvin Klein de 200 euros cada uno.

En la ACM saben que el dinero puede usarse para fines que nada tienen que ver con los servicios, la formación o el asesoramiento prestado a los consistorios. Quienes fueron sus máximos responsables de esta entidad —Josep Maria Matas y Xavier Solà— esperan juicio por apropiarse de 900.000 euros mediante trabajos ficticios y facturas falsas. El fiscal pide para ellos cinco años y medio de cárcel por malversación: sostiene —y así lo avala un informe de su Secretaría Técnica— que birlaron fondos públicos. Para curarse en salud, sin embargo, ha planteado una alternativa: si los jueces deciden que son fondos privados (el asunto es pantanoso) bien pueden condenarles por apropiación indebida.

“Se abre la puerta a que los fondos se usen para cualquier fin”, dice un letrado

La esquizofrenia latente se refleja en el auto que pone fin a la investigación de las dietas de la Federación: la cuota que pagan los consistorios para que defienda sus intereses ante la Generalitat y el Gobierno central (principal ingreso de estas entidades) “es parte inequívocamente del fondo público del Ayuntamiento”. Los magistrados matizan que “podría cuestionarse” la razón que ha llevado a cada ayuntamiento a asociarse (de forma voluntaria) y, también, “el gasto” que supone. Admiten incluso que la FMC tiene “apariencia” pública, pero concluyen que la “realidad jurídica” apunta hacia su carácter privado.

Las defensas de los alcaldes han aportado una batería de argumentos jurídicos. Sostienen que la FMC es “una asociación de derecho privado” que se rige por la normativa de asociaciones y la Ley de Bases de Régimen Local. “La FMC no desempeña funciones públicas, no ejerce potestades públicas ni presta servicios públicos” a la luz de esas normas. Es “evidente”, añaden, que los fondos tienen “un origen público”, pero eso “no es un obstáculo” para que “se produzca un efecto jurídico denominado de transformación de tales aportaciones en fondos privados desde el momento en que son ingresados”. En un informe del pasado febrero, el Departamento de Gobernación también señaló que las entidades “tienen una función de representatividad institucional” y apuntó que “algunas de sus funciones están conectadas con lo público”, pero todo ello “no altera” su naturaleza privada.

El caso es que, al ser privadas, tampoco se someten al escrutinio de una administración pública. “No tienen obligación de rendir cuentas de su actividad” a la Sindicatura ni al Tribunal de Cuentas, y de hecho no lo hacen. Esa ausencia de fiscalización las ha situado, a menudo, en la opacidad. Ni la FMC ni la ACM han querido dar su opinión sobre este asunto.