La Fiscalía pide la imputación de 21 personas por el ‘caso Marismas’

La Fiscalía de Sevilla ha pedido imputar a 21 personas, entre ellas cinco ex altos cargos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, por malversación, prevaricación y falsedad en documento público por el concurso público para modernizar la red de riego de la comunidad de regantes Marismas del Guadalquivir. El fiscal relata graves irregularidades en un fraude que la Guardia Civil ha cifrado de momento en 1,5 millones, cantidad que se elevará previsiblemente a medida que avance la investigación, de un total subvencionado por el Ejecutivo autónomo de 40 millones.

El fiscal pide al juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez las imputaciones, de las que exime al diputado aforado y secretario general del PSOE en Almería, José Luis Sánchez Teruel cuya imputación pidió hace un año la Guardia Civil. Lo habitual en estos casos es avanzar en la instrucción, y cuando se concreten (o no) los hechos contra un aforado, entonces se traslada una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia (TSJA).

Los ex altos cargos acusados por la Fiscalía son los ex directores generales de Regadíos de la Consejería de Agricultura, Francisco Ruiz Orta y Tomás Martínez Jiménez; Carlos Javier Rodríguez Pérez, jefe de departamento de Infraestructuras y Actividades Estructurales; Manuel Antonio Cruz-Guzmán, jefe de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales; y Julián Martin Jorreto, jefe de servicio de Promoción Rural.

El ministerio público señala al expresidente de la comunidad de regantes Diego García Santos y a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Befesa-Alpi por obras irrealizadas y un desvío de fondos públicos. Tras renovarse la Junta de Gobierno de la comunidad de regantes en 2008, la nueva directiva denunció la gestión irregular de la anterior cúpula y las obras sin ejecutar pero subvencionadas, que ahora detalla el fiscal en su escrito: "Pese a no haberse ejecutado prácticamente nada de obra y siendo perfectamente consciente de ello, Manuel Antonio Cruz-Guzmán -como inspector facultativo-, Diego García Santos -como presidente de la comunidad de regantes-, Manuel Vázquez -en su calidad de director de obra- y Manuel Gámez -como representante de la UTE adjudicataria- participaron en la elaboración de una certificación absolutamente inveraz, según la cual se certificaba que a fecha de 4 de diciembre de 2005 se había ejecutado y acreditado obras por un importe de 4,2 millones a pesar de que ello no era cierto". 

El ex director general de la Junta Francisco Manuel Ruiz, ha rechazado las acusaciones del fiscal: "Estaba plenamente seguro de mi no imputación pues no hice otra cosa sino que impedir la adjudicación ilegal que la comunidad de regantes había cometido al preadjudicar la obra a una UTE que no reunía los requisitos para concurrir a aquel concurso que convocó la comunidad. Envié una carta al Presidente de la misma, acompañada de un informe jurídico que yo mismo solicité al Servicio de Contratación y Convenios de la Consejería. La Comunidad de Riego acabó anulando aquella preadjudicación", se defendió ayer por escrito.

La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) había alertado al juez de que ve delitos y ha exigido los 11 millones que aportó para la ayuda, tras estudiar el caso durante dos años. Sin embargo, en paralelo a la investigación policial y de Bruselas, la Consejería de Agricultura inició en 2012 la vía administrativa para recuperar la subvención concedida a los regantes por un total de 31 millones.

La comunidad de regantes aportó al proyecto 20 millones y recibió ayudas públicas por 40 millones en 2004. Tras ocho años y varios aplazamientos que no lograron culminar los trabajos, la Dirección General de Estructuras Agrarias dijo basta y abrió en 2012 un expediente de retirada de la subvención para recuperar el dinero. Tras dos años de procedimiento administrativo con las alegaciones de los regantes, en mayo de 2014 se llegó a la resolución de reintegro por 25,9 millones, a los que la Junta suma los intereses.