La fiscal pide al juez que procese por malversación a Encina Serrano

Ahora ya es cuestión de tiempo, pero las posibilidades de que se celebre el juicio contra la ex concejal del PP de Vitoria, Encina Serrano (Cultura), y el que fuera el responsable del Iradier Arena, —el Espacio Multiusos en el que se transformó la vieja plaza de toros de la capital alavesa—, Enrike Ruiz de Gordoa, por los presuntos delitos de prevaricación, apropiación indebida, y desde el jueves malversación de caudales públicos, se han elevado al 99%.

La Fiscalía ha decidido endurecer las imputaciones a Encina Serrano y Enrike Ruiz de Gordoa, y, en un escrito firmado el pasado jueves, pero comunicado con posterioridad a las partes, le pide al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria que amplíe las figuras delictivas a esas dos personas y después siga adelante con el procedimiento dictando el auto de apertura del juicio oral.

Si en enero de 2014, seis meses después de que el PSE denunciara la bonificación irregular de las tasas municipales, el fiscal jefe de Vitoria, Josu Izaguirre presentó una denuncia contra ambos, ahora la fiscal Sara García cree que “de las diligencias penales practicadas resultan indicios racionales suficientes de la comisión por los imputados de los delitos de prevaricación y apropiación indebida o, en su caso, malversación de caudales públicos” y le empuja a seguir adelante con la última fase, el procesamiento formal de los imputados y la apertura del juicio.

La fiscal entiende que los imputados concedieron bonificaciones de entre el 95% y el 100% en la tarifa municipal de uso del Iradier Arena, cuando no existía una normativa que lo amparara. De los 17.630,10 euros que fijaba la ordenanza por día de uso, Serrano y Ruiz de Gordoa cobraron 176 euros a la promotora del concierto de Melendi, por ejemplo, cuando la factura ajustada a la ordenanza hubiera sido de 52.890. Fueron 181 euros a la II Edición de Bodas de Álava, cuando la factura debiera de haber sido de 105.780,6. En total, entre febrero de 2012 y abril de 2013, —en agosto de 2013 se modificaron las tasas— el Ayuntamiento debiera de haber recaudado 1,3 millones de euros por 15 eventos, cuando su facturación real fue de 19.127 euros.

Es más Serrano y Ruiz de Gordoa siguieron adelante con las bonificaciones pese al criterio técnico del entonces concejal de Hacienda, Manuel Uriarte, y del Jefe del Servicio de Gestión Tributaria, Moisés Guridi.

En un informe sin firmar de abril de 2012, —que ha levantó algunas dudas sobre su validez exculpatoria— Uriarte especificaba que la ordenanza fiscal reguladora de los equipamientos culturales “no contempla una bonificación específica por la utilización del recinto multiuso”. Concluye poco después que “no procede por tanto la aplicación de los beneficios fiscales solicitados”.

El jefe del servicio de Gestión Tributaria, precisó otra vez en abril de 2013 que las únicas causas para bonificar ese tipo de tasas previstas en la ordenanza municipal son aquellas en las que puedan concurrir circunstancias “de utilidad pública, o de interés social”, y hasta un máximo del 90% de la tasa, con alguna excepción, y le ponía como ejemplo las asociaciones de vecinos, que están exentas. Informe que vuelve a reenviar en mayo.

Guridi y Enrike Ruiz de Gordoa se cruzaron varios correos electrónicos que obran en autos en los que el primero le decía por activa y por pasiva al segundo en febrero de 2013 que “de ese tema ya hemos hablado, estamos como al principio, si nos preguntas por exenciones y bonificaciones, no podemos responderte de otra manera”.

En su declaración ante el fiscal, Moisés Guridi dijo que consideraba que después de los informes y conversaciones al respecto, tanto la concejal de Cultura como el técnico responsable del Iradier Arena, dieron por zanjado el asunto. El fiscal Josu Izaguirre recoge en la declaración de Moisés Guridi que “el declarante dice que ha tenido conocimiento de que los espectáculos se celebraron con las bonificaciones cuando la fiscalía se dirigió al Ayuntamiento solicitando la documentación”.

Pero es más, Guridi describe en su declaración que el trámite para el cobro de la tasa requiere de un recibo firmado por el concejal de Hacienda que origina la recaudación: “En el presente caso no existe ningún tipo de recibo y los ingresos que obran en las actuaciones, salvo error u omisión, no se corresponde con las cuentas establecidas por el Ayuntamiento para el cobro de tasas y precios públicos”.

La concejal Encina Serrano, y el técnico Enrike Ruiz de Gordoa se acogieron a su derecho de no responder a las preguntas del fiscal.

Parte del problema es que las previsiones que manejó el equipo de Javier Maroto en aquellas fechas es que el Iradier Arena podría acoger unos 80 espectáculos anuales. No se produjo de ninguna de las maneras, y en parte porque la tasa municipal de uso diario del recinto era de 17.000 euros al día. Sin embargo, no cambiaron la norma hasta agosto de 2013 bonificando mientras tanto a muchas de las actuaciones.

Si en el caso de las vacaciones fiscales vascas las bonificaciones tributarias se hacían en base a una normativa que después la UE consideró ilegal porque excedía el marco normativo europeo y afectaba a la competencia, en el caso del Iradier Arena de Vitoria las bonificaciones se calculaban según un mecanismo que Encina Serrano definió como “acuerdos cómplices” con los promotores. La concejal no fue consciente entonces de que el término iba a ir mucho más allá del propio recurso retórico.