Las defensas presentan las primeras apelaciones y el fiscal no recurrirá

Las defensas de algunos de los 26 imputados en la presunta trama dedicada al cobro de comisiones ilegales y a obtener contratos públicos, en la que están implicados exdirigentes del PNV, han presentado ya recursos contra el auto de fin de la instrucción, mientras que la Fiscalía en principio no lo recurrirá.

Alguna de las partes personadas en esta causa conocida como "caso De Miguel" por el apellido del principal imputado, Alfredo de Miguel, que fue 'número dos' del PNV en Alava y diputado foral de Administración Local, han anunciado hoy a Efe que han recurrido el auto ante el propio juzgado instructor.

El fiscal jefe de Alava, Josu Izaguirre, sin embargo, ha desvelado que no presentará un recurso de reforma ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, a pesar de que ha archivado la causa contra dos personas que sí eran acusadas por la Fiscalía, una de ellas Asier Arzalluz, hijo del presidente del PNV Xabier Arzalluz. Izaguirre ha explicado a Efe que si a la vista de los recursos de reforma el juez decide retirar la imputación contra alguna de las 26 personas contra las que se dirige la acusación en ese caso sí presentaría un recurso de apelación ante la Audiencia de Alava.

Junto a la Fiscalía, figuran como acusaciones el Gobierno vasco y la Diputación de Alava. Fuentes de esta última institución han adelantado a Efe que no recurrirán porque su objetivo se centra en defender los intereses de la institución foral por si pudo haber resultado perjudicada por esta trama.

El caso volverá al juez Ramos después de resolverse los recursos

En representación de los 26 imputados intervienen 18 abogados, ya que algunos de ellos defienden a dos o tres personas, dados los lazos familiares que hay entre ellos.

Algunos de estos letrados de la defensa han anunciado a Efe que han recurrido el auto en reforma, es decir ante el propio juzgado instructor, al entender que no se han tenido en cuenta las alegaciones que hicieron durante la instrucción.

Es el caso por ejemplo del abogado que representa al exdirigente del PNV alavés Aitor Tellería, responsable del Centro de Empresas de Alava y empleado de la empresa Riera Urbanizer, y a Miren Bilbao, directora técnica del Parque Tecnológico de Alava entre junio de 2007 y febrero de 2011.

En su recurso en defensa de Tellería se señala que existen informes jurídicos y auditorías que demuestran que la contratación a Urbanorma por parte del Parque Tecnológico no fue irregular y se argumenta que la contratación de Stoa por parte de Miren Bilbao fue correcta.

El abogado del principal acusado, Alfredo de Miguel, ha decidido recurrir directamente ante la Audiencia dicho auto, que fue dado a conocer el pasado 10 de marzo y que puso fin a cinco años de investigación.

Los hechos, según el juez instructor, podrían ser constitutivos de once delitos, entre ellos prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

El juez archivó la causa contra Asier Arzalluz, al considerar que no cometió un delito de fraude ya que aunque la Asociación Mendibile Jauregia que presidía contrató a una de las empresas de la trama (Errexal), Mendilibe Jauregia es una agrupación de derecho privado sin ánimo de lucro.

También se dictó el sobreseimiento de la causa contra Pablo Jesús Larrabide, director de Ipar Kutxa, porque según el juez sólo existe la "sospecha" de que iba a percibir una parte de los 100.000 euros que algunos imputados querían cobrar por un contrato a la abogada Ainhoa Alberdi, la letrada que destapó el caso en diciembre de 2009.

Una vez que se resuelvan los recursos de reforma y posteriormente los de apelación, la causa volverá al juzgado instructor, que pedirá a las partes que formulen escritos de acusación o el sobreseimiento del proceso, aunque también pueden reclamar que se practiquen diligencias complementarias.