Un derribo inapelable

A primera vista nada hace presagiar que el bloque tenga los días contados. La hierba del jardín está cortada y peinada. La alfombra verde aparenta recibir un minucioso cuidado como el agua de la piscina, cristalina y sin bichos ni hojas, pulcritud nada fácil en una tierra ventosa como el Montsià.

Las apariencias engañan. El carpetazo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al caso Turov de la urbanización Serramar en Alcanar ordena el derribo de 32 apartamentos construidos bajo una licencia urbanística contraria a la ley. Es el principio del fin de un asunto que colea desde hace 12 años. Para disipar titubeos, la sentencia concluye indicando que el veredicto no es “susceptible de recursos”.

En dos meses habría que derribar el bloque, pero en Alcanar no son pocos los que dudan de que se actúe con presteza. “Todavía será lento. Falta un informe técnico para decidir cómo lo tumbamos, luego habrá que aprobar la partida presupuestaria y, por último, un concurso público para adjudicar los trabajos”. Manel Martí, concejal de Urbanismo, advierte de que cumplir la sentencia “será complicado. Se ha optado por la solución más traumática. Si algún vecino no se quiere ir tendrán que mandar a los Mossos d’Esquadra”.

Verónica reside en Amposta. De vez en cuando echa una ojeada al apartamento que su amiga Lina, de Zaragoza, tiene en Serramar. “Ella está segura de que no lo derribarán, porque hay mucha gente afectada”. Lo mismo piensan en la inmobiliaria Nurgem, que durante años ha gestionado alquileres y compraventas en el bloque. “Se arreglará, el Ayuntamiento se pondrá de por medio y no los tumbarán”, pronostica una responsable de la agencia.

“¿Cómo lo solucionará el Ayuntamiento? ¡No tenemos margen de actuación!”, exclama el concejal. Es más, lamenta que demasiado en medio está el equipo actual en un asunto en el que “no tuvimos ninguna responsabilidad”. Martí señala a Batiste Beltrán, antiguo alcalde ya fallecido, y lo acusa de desencadenar los desmanes urbanísticos. “Se dedicaba al asunto inmobiliario y tenía su oficina al lado del Ayuntamiento”, dice.

Pero el caso Serramar se empezó a torcer con el sucesor de Beltrán, el socialista Ricard Bort. El equipo actual (ERC) piensa llevarle a él y a su junta de gobierno al juzgado si Alcanar es condenado a pagar indemnizaciones. “Quizá ya les llegó el caso envenenado del anterior alcalde, pero si el pueblo termina pagando, los responsables deben responder por daños y perjuicios”. Ellos, dice Martí, aprobaron en julio de 2003 una licencia de obras que contravenía la normativa municipal. Las responsabilidades se ampliarán a los técnicos que no frenaron la concesión de una licencia que permitió 32 apartamentos en una zona planificada como ciudad jardín y donde, como máximo, se podían levantar nueve casas unifamiliares. Secretaria y arquitecto municipal y el jurista de Urbanismo (“jamás emetió ningún informe”) serán exigidos judicialmente, “porque si el Ayuntamiento sufre un daño tiene que intentar resarcirse”. Ninguno de los supuestos responsables sigue en el Ayuntamiento.

La sentencia del TSJC critica duramente la manga ancha con que actuó el Consistorio y añade que “no es cierto que el único parámetro vulnerado fuera la densidad máxima. La licencia también infringía el parámetro relativo a las distancias”.

En la misma calle, la propietaria de una espaciosa casa observa el bloque condenado. Es la única vecina que ha resistido la batalla judicial. Tenía un motivo poderoso: “Me instalé aquí en febrero de 2003 y en julio empezaron las obras”. Y la panorámica sobre la montaña quedó eclipsada. Otros atribuyen su persistencia al desacuerdo con la indemnización ofrecida por la promotora de la obra, Turov, de Badalona.

Desde el Ayuntamiento no esconden las dificultades con la vecina, pero también recuerdan que cuando estalló el asunto y ella pedía explicaciones, alguien la despachó con un “si tienes tantas quejas no vengas al Ayuntamiento, vete a los tribunales”.