Mercabarna se centra en restañar su imagen tras la macroinspección

Mercabarna tiene el mismo problema que Andorra, el de una imagen tocada. En el caso del Principado pirenaico ha sido la intervención de una entidad financiera, la Banca Privada (BPA), la que ha puesto en cuestión a todo un país. El segundo mercado de abastos español también está cuestionado, después de que el pasado martes un centenar de inspectores de Hacienda y de Mossos d'Esquadra se desplegaran en las instalaciones que ocupan los mayoristas del pescado para investigar a veinte empresas por supuestamente haber defraudado 100 millones de euros a la Agencia Tributaria a través de contabilidades ocultas.

Es ese punto, el de la repercusión sobre la imagen, el que más preocupa al Ayuntamiento de Barcelona y a Mercabarna. Su presidenta, Sònia Recasens, también teniente de alcalde de Economía del Consistorio, explicó ayer a los miembros del consejo de administración, convocado de forma extraordinaria, que la institución introducirá modificaciones en su plan de comunicación para intentar restañar el daño que haya podido sufrir el prestigio del mercado de abastos, el segundo mayor que existe en España. No se señalaron medidas concretas y en el seno de la institución se da por hecho que el proceso será lento.

El mismo martes de las inspecciones, Recasens subrayó que la macroinspección —desconocida antes en ningún mercado español— no afectaba directamente a Mercabarna, sino a mayoristas que utilizan sus instalaciones en régimen de concesión o de alquiler. Y ayer volvió a defender esa posición ante los miembros del consejo. Estaban presentes miembros de todos los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento (el mayor accionista de Mercabarna) y miembros de Mercasa, la sociedad estatal que participa en todos los mercados mayoristas de España y que en el caso del barcelonés controla el 36,8%.

No hubo excesivas explicaciones durante la reunión, que previsiblemente se volverán a repetir en el marco de la Comisión de Economía del Consistorio del próximo miércoles. Allí se prevé que el debate entre partidos sea más agrio y los cuestionamientos tengan un cariz más político.

El concejal del PP Javier Mulleras reconocía a la salida de la reunión estar “defraudado” por la escasa información facilitada. Joaquim Mestre, de ICV, preguntó por si no existen medidas internas de control. “Nos preocupa la afectación sobre la empresa y sobre la ciudad de Barcelona”, explicó el ecosocialista. Por las palabras expresadas por Miguel Ramírez, vicepresidente de Mercabarna en representación de Mercasa, es difícil que la institución pueda tomar medidas para evitar la economía sumergida. Competencia prohíbe que los operadores puedan ejercer un papel de intermediario para cobrar el importe de las compraventas cerradas en sus instalaciones, lo que podría frenar las irregularidades.