Un juez censura a la Generalitat por ayudar a empresas del ‘caso Pujol’

El sumario del caso Innova —un macroproceso judicial que investiga a altos cargos sanitarios, empresarios y Ayuntamientos catalanes— ha destapado un nuevo caso de presuntos favores entre la Generalitat de Cataluña y las constructoras de la familia Sumarroca (Teyco y Comsa Emte), uno de cuyo miembros está imputado en el caso Pujol por el supuesto pago de comisiones ilegales a Jordi Pujol Ferrusola y otro por el mismo motivo al exalcalde de Torredembarra, Daniel Masagué (CiU).

El Juzgado de Instrucción 3 de Reus (Tarragona) ha puesto el foco en la actuación de “los más altos cargos” del Departamento de Salud de la Generalitat por “hacer lobby” para conseguir que Teyco lograra contratos para construir centros médicos en Costa Rica. Unas actuaciones que, según el auto hecho público ayer por el juez Diego Álvarez de Juan, “parecen insoportables desde el punto de vista ético y habrá que investigar si lo son también desde el punto de vista legal”.

Las nuevas pesquisas tienen su origen en la construcción de un centro médico en Vila-seca (Tarragona), un proyecto plagado de irregularidades y por el que está imputado por malversación y blanqueo el alcalde de la localidad y presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU). Según las investigaciones, el Ayuntamiento contrató al arquitecto Jorge Batesteza —exalto cargo de Salud y también imputado— para “agilizar de manera [...] indiciariamente ilegal” la construcción del centro médico, adjudicada a la empresa Comsa Emte.

El juez ve "insoportable desde el punto de vista ético" la actuación de la cúpula de Salud

Por estos trabajos, el Ayuntamiento de Vila-seca pagó entre 2008 y 2010 de forma “presuntamente ilegal” 68.000 euros a Batesteza, quien también cobró un año después 177.000 euros desde Comsa Emte. El juez preguntó a la constructora el motivo de este pago y esta respondió que se debía a “un acuerdo para redactar un anteproyecto de una construcción sanitaria en Panamá”. Fue precisamente al intentar aclarar este extremo cuando la Guardia Civil de Tarragona, en funciones de policía judicial, descubrió varios correos electrónicos entre Batesteza, las empresas de la familia Sumarroca y altos cargos de la Generalitat. Estos correos revelan, según el auto judicial, “circunstancias decisivas que en el contexto de los hechos investigados tienen una especial relevancia”: que Batesteza, ya imputado por tráfico de influencias, “vaya de la mano” con Teyco para “conseguir que el Departamento de Salud participe a través de sus más altos cargos en el lobbying sobre los adjudicadores sudamericanos”.

Las diligencias de la Guardia Civil recogen los correos cruzados ante la visita de un alto cargo de la sanidad pública de Costa Rica. En uno de ellos, enviado el 10 de abril de 2013, el despacho de Batesteza remite al jefe de Gabinete del Departamento de Salud, Jaume Tort, un correo electrónico en el que pide “un favor” ante el “programa de nuevos hospitales que estamos persiguiendo conjuntamente con Teyco”. “Jordi Sumarroca”, sigue el texto, “llamará a [Josep Maria] Padrosa [número 2 de Salud] para pedirle lo mismo. Necesitaría una reunión en el Departamento [...] y visitas a los hospitales Sant Pau, [Moisés Broggi] y del Mar”, todos ellos de la red pública catalana.

En otro mensaje, fechado ese mismo día, un directivo de Teyco escribe a Batesteza: “Creo que vamos bien. El lunes de 13 a 14 [horas] nos dará una charla Tort y luego nos saludará el consejero [de Salud] Boi Ruiz. Después nos iremos a comer a las cavas Sumarroca [propiedad de la misma familia]. Jaume [Tort] se está encargando de contactar con los gerentes del Broggi y Sant Pau para coordinar las visitas de obra”.

Altos cargos organizaron visitas a hospitales públicos para la constructora Teyco

En esta agenda de visitas en la que participan altos cargos públicos al servicio de Teyco y Batesteza también se incluye una universidad pública: la UOC. Y otra empresa participada por la familia, los laboratorios Labco. Según la Guardia Civil, “los mensajes anteriores pondrían de manifiesto el alto acceso del que gozaría la familia Sumarroca en el ámbito público; esto se observa respecto de altos cargos del Departamento de Salud a los que presuntamente utilizarían en sus campañas de lobbying para tratar de cerrar contratos o acuerdos mercantiles en Sudamérica para lucro de su grupo empresarial”.

En la parte dispositiva, el juez solicita al catSalut, a la empresa de Batesteza y a la constructora Comsa toda la documentación relacionada con la construcción del centro médico de Vila-seca. El juez no acuerda, por ahora, nuevas pruebas sobre la actuación de la cúpula sanitaria catalana.