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Mujeres con un pie en el averno

Víctimas de violencia machista relatan cómo se les obliga a dejar a sus hijos con los agresores El Consello da Avogacía Galega denuncia que se fijan las visitas sin estudiar cada caso

Sonia Vizoso
María y Pilar, dos mujeres maltratadas a las que la justicia obliga a dejar a sus hijos con sus agresores.
María y Pilar, dos mujeres maltratadas a las que la justicia obliga a dejar a sus hijos con sus agresores.OSCAR CORRAL

A Pilar ya se lo advirtió el policía que la atendió cuando puso la denuncia contra su marido por maltrato: “Has vivido un infierno y ahora comienzas una carrera de obstáculos. No creas que los jueces te van a entender”. A las psicólogas que la revivieron en servicios sociales les costó un año convencerla de que tenía que ir a comisaría. Su marido, enfurecido porque de su vientre había nacido una niña y no un varón, la había hundido en el terror de puertas adentro, a base de amenazas, insultos y vejaciones. Hoy Pilar ha logrado saltar los obstáculos administrativos y judiciales que le pronosticó el agente pero, con una sentencia que certifica la violencia psicológica a la que la sometió el padre de su hija y una orden de alejamiento de su maltratador, los tribunales, con el aval de informes de organismos públicos y privados, han ordenado que quien ya cometió agresiones machistas siga viendo a la pequeña. La menor cuenta que su progenitor no la trata bien y Pilar vive con miedo, con ese pie que el sistema le obliga a mantener en el “infierno”.

 La historia de esta mujer de nombre supuesto, que prefiere preservar incluso el lugar de Galicia donde reside porque en su entorno no todos conocen su pasado, no es un caso insólito. “Los jueces son muy reacios a privar a los padres de las visitas porque se parte de la premisa general de que para los menores es bueno tener relación con el padre”, explica Patricia López Arnoso, experta en violencia machista del Consello da Avogacía Galega. “Nosotros estamos en contra de esta concesión automática de las visitas sin estudiar el caso específico. Nos parece un error”.

El exmarido de María (apelativo ficticio) también fue condenado por maltratarla psicológicamente y ahora ha solicitado la custodia compartida del hijo que tienen en común. Ella tendrá que someterse junto al niño a un examen del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). Al pequeño, que ha llegado a vomitar de los nervios cuando tiene que ir a cumplir el régimen de visitas, “su padre lo machaca”, relata esta víctima de violencia machista, “como me machacaba a mí”. A María le parece indignante que la justicia acepte siquiera tramitar la petición de su exesposo para compartir a medias el cuidado del pequeño. Asistentes sociales que trabajan con víctimas de violencia doméstica admiten que este tipo de solicitudes están aumentando, aunque no suelen concederse, y lo atribuyen a que si los agresores logran este régimen de custodia ya no le tienen que pasar una pensión a la madre de sus hijos.

“Me he llegado a sentir como si la maltratadora fuera yo”, lamenta Pilar cuando rememora lo que ha tenido que oír en los juzgados o en la Administración durante su lucha para divorciarse del machista que convirtió su hogar y su maternidad en un martirio. Mientras un juzgado de lo penal dictaminaba que su marido era un maltratador, otro juzgado, esta vez de familia, se ocupó del divorcio y del régimen de visitas a la niña, solicitando sendos informes al Imelga y al punto de encuentro, el lugar, financiado por la Xunta pero gestionado por una empresa privada, en el que los padres con malas relaciones o implicados en casos de violencia dejan y recogen a sus hijos. En el Imelga, cuenta, los técnicos que la entrevistaron a ella y a su hija firmaron un informe en el que concluían que la niña “estaba manipuladísima por su madre”, un dictamen que dejó boquiabiertas a las psicólogas de los servicios sociales de su Ayuntamiento, que la asistieron y salvaron cuando llegó a ellas con la autoestima destruida, pensando que lo que le hacía su marido era culpa suya. “Es que ellas, sin las que yo no estaría aquí, saben que me preocupo mucho de no hablarle mal a la niña de su padre, pese a todo”, explica.

Al maltratador no le hicieron la misma entrevista. Le aplicaron el test que se le hace a las parejas que quieren adoptar. La conclusión fue que “no había entendido las preguntas porque tiene una inteligencia baja”, explica Pilar. “Y no tiene un pelo de tonto”. Con ese dictamen y otro del punto del encuentro que también tachaba de “manipuladora” a la mujer maltratada, se determinaron los días en los que Pilar debía dejar a la niña con su padre.

Para nada ha valido que el marido de Pilar acumule órdenes de alejamiento. Una de ellas llegó gracias a un amargo golpe de suerte. Mientras él la amenazaba de muerte a ella y a su hija supuestamente sin que nadie le oyera —“con los de fuera es encantador”—, alguien pasó por allí y aquel testimonio fue vital. “Le pusieron una orden de alejamiento de mí, pero no de mi hija. El juez, que en sala me llegó a reprochar que hubiese tenido una niña con ese hombre, me dijo que podía seguir viendo a la pequeña porque era su padre. Yo le advertí a él y al fiscal que si le pasaba algo a la niña su nombre iba a salir en las portadas de los periódicos. Estoy convencida de que gracias a eso se cortaron un poco y pusieron ciertos límites a las visitas”.

Aun con restricciones, Pilar tiene que dejar a su pequeña con su exesposo. Lo mismo le ocurre a María, que se confiesa desesperada: “Lo que más rabia me da es que nadie me hace caso con lo del niño; yo pido por lo menos que las visitas sean tuteladas, que estudien el comportamiento de su padre”. Haberse demostrado que es víctima de violencia machista no la ha librado tampoco de que en los juzgados la sentasen cerca de su agresor o de que nadie tome precauciones en el punto de encuentro para que no se produzca una coincidencia indeseada.

A diferencia de otras víctimas de agresiones silenciosas como Pilar, a María no le costó demostrar el ruidoso maltrato al que la sometió el que fue su esposo, que pudieron testimoniar vecinos y Guardia Civil. Entre los tenues rayos de luz de su lucha por salir del pozo, María recuerda cómo los agentes que la asistieron en aquellos momentos se preocuparon de proteger a su hijo. Pilar tampoco olvida la ayuda de sus actuales abogados que, conscientes de que su economía no es boyante, le dejan pagar a plazos y hay trámites que ni le cobran. Nada que ver con aquel letrado de oficio que le tocó cuando arrancó la carrera de obstáculos y que la animó a retirar la denuncia. “Vas a hacer el ridículo”, le decía.

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Sobre la firma

Sonia Vizoso
Redactora de EL PAÍS en Galicia. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago. Lleva 25 años ejerciendo el oficio en la prensa escrita y ha formado parte de las redacciones de los periódicos Faro de Vigo, La Voz de Galicia y La Opinión de A Coruña, entre otros. En 2006 se incorporó a El País Galicia.

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