“Queremos que no se destine dinero público contra las señas de identidad”

Luis Santamaría (Albuixech, 1969), licenciado en Ciencias Políticas y funcionario del Estado, es uno de los valores emergentes del PP. Cargo de segunda línea en distintos Gobiernos del PP, pasó a primera fila en la última remodelación realizada por el presidente Alberto Fabra. En junio del año pasado, asumió la cartera de Gobernación y Justicia en sustitución de Serafín Castellano. En ese corto de tiempo, Santamaría ha impulsado una de las leyes más polémicas del Consell, la de Señas de Identidad Valencianas. Además, es director del programa electoral del PPCV.

Pregunta. ¿Qué necesidad había de impulsar una ley de señas de identidad sin consenso?

Respuesta. Lo que hemos pretendido es definir un marco común en el que todos los valencianos nos pudiéramos sentir cómodos. Tenemos 30 años de convivencia con el Estatuto y 35 con la Constitución y eso nos ha permitido prosperar. Hay determinadas fuerzas que están apostando por una ruptura de ese consenso constitucional y estatutario. No me lo invento yo, solo hay que ver las declaraciones de la diputada de Esquerra Unida (EU) Esther López Barceló, que dijo que no estaba de acuerdo ni con la denominación, ni con el ámbito territorial que marca el Estatuto. Lo que hacemos es definir un marco común con el que todo el mundo debería estar de acuerdo.

P. Los toros no vienen en el Estatut y sí en esta ley.

R. Incluimos el tema de los toros en la ley porque en el mes de julio EU presentó una proposición de no ley solicitando a las Cortes la prohibición de los bous al carrer. Este debate lo lanza otro grupo parlamentario y la ley estatal de la Tauromaquia, que tiene dos artículos, dice que esta es patrimonio de todos los españoles. No estamos haciendo nada extraño. Hay una historia y una tradición.

P. ¿No temen que esta ley la tumben los tribunales por crear un Observatorio capaz de coartar el derecho a la libertad de expresión?

R. Creo que se ha entendido mal. Se ha hablado de la Santa Inquisición, de la Policía de la paella… La ley de subvenciones dice que no se pueden dedicar recursos públicos a fines que sean contrarios al ordenamiento jurídico. En un Estado de derecho puedes defender la posición que quieras, pero decimos que no se destine dinero público a una campaña contra una seña de identidad, como pueden ser los bous al carrer. La ley está perfectamente ajustada a derecho.

P. En la ley también reconocen la capacidad docente, especialmente en lo referido al valenciano, de dos entidades que cuestionan la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

R. Yo no interpreto eso. El reconocimiento de la capacidad docente que se hace en la ley es de carácter global para instituciones que, como Lo Rat Penat, llevan 134 años defendiendo la cultura valenciana. La norma pretende que los valencianos nos identifiquemos con cosas que nos son comunes y nos gustaría que el PSPV eligiese los compañeros de viaje correctos.

P. Usted también tiene la competencia sobre los medios materiales de la Justicia. ¿Cuándo acabarán los juzgados atestados de sumarios?

R. La Administración de Justicia ha de evolucionar hacia el expediente electrónico, como la Tributaria o la Seguridad Social. Eso significa inversión, pero también cambio de mentalidad organizativa. El consejero Moragues anunció el otro día una inversión de 10,5 millones exclusivamente para la modernización de justicia, con un nuevo parque informático. Espero que en año y medio se pueda poner en marcha el expediente electrónico.

P. ¿Está de acuerdo con que las tasas judiciales no se dediquen ahora a mejorar la Justicia?

R. Tasas se cobran en la práctica totalidad de países de la Unión Europea, pero no creo en los impuestos con carácter finalista. Que todas las tasas vayan a una caja única y que en el presupuesto se decida cómo se reparten los recursos.

P. ¿Le parece razonable que un exconsejero de Justicia del PP [Fernando de Rosa] aspire a presidir la Audiencia de Valencia que juzgará casos de corrupción que afectan a la Administración en la que estuvo?

R. El ordenamiento jurídico permite las aspiraciones de esta persona. El doble camino entre la judicatura y la política genera tensiones y es necesario hacer una reflexión. No me gustan las puertas giratorias, pero hay que hacer una lectura de conjunto.

P. Nada más asumir el cargo tuvo que concentrarse en la extinción de incendios. ¿Qué ha cambiado desde que llegó?

R. Yo tuve la ventaja de que, desde la subdelegación del Gobierno, afronté en primera línea los incendios y conocía como trabajan todos los operativos. He intentado que el profesional que debe sofocar los fuegos tenga los medios suficientes y actúe de la manera más coordinada y eficaz. Antes había nueve brigadas de emergencia con cuatro miembros por turno y ahora tienen cinco miembros y 34 autobombas. De las seis brigadas helitransportadas, tres tenían contrato de 12 meses y ahora queremos ampliar el de las otras tres. Y también el contrato de las brigadas de prevención.

P. Como director de programa del PPCV ¿El retraso en la designación de candidatos le ha complicado el trabajo?

R. No. El PP tiene un proyecto vertebrado alrededor de las ideas en las que creemos, independientemente de quién tiene la responsabilidad. El centro político solo lo representa el PP.

P. ¿Las líneas rojas contra la corrupción de Fabra han debilitado el PP?

R. A la ciudadanía no le interesan las cuestiones internas, sino si los partidos mayoritarios responden a sus exigencias.

P. ¿Cómo será el programa?

R. La recuperación económica es innegable y el objetivo es que sus beneficios lleguen a la gente que más dificultades ha pasado con la crisis.