El TSJ desvía a la Audiencia Nacional la pieza de los contratos de Gürtel

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano se declara no competente para continuar con la instrucción de la pieza cinco del caso Gürtel, la que investiga la contratación por parte de la Administración con empresas de la trama Gürtel. El TSJ entiende que la instrucción debe continuar en el juzgado central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

Esta pieza investiga los contratos de varias consejerías, empresas públicas y una fundación de la Generalitat con empresas de la trama entre 2004 y 2009, durante la presidencia de Francisco Camps, y cuenta con 27 procesados, entre ellos la cúpula de Gürtel, tres exconsejeros y ex altos cargos de varias consejerías.

La renuncia en septiembre de 2014 de condición de diputado de David Serra, después de que el 24 de julio fuera procesado por las contrataciones de la Generalitat con la trama Gürtel, obligó al TSJ a pronunciarse sobre su competencia para juzgarla. Según ha considerado, la Audiencia Nacional, en concreto su Juzgado Central de Instrucción número 5, es el órgano competente para ese juicio, ya que el único aforado imputado dimitió antes de abrirse el juicio, como determina el Tribunal Supremo. Este, tras el de Fitur, será el segundo juicio que se celebrará de las seis piezas separadas sobre la supuesta financiación irregular del PP valenciano. El TSJ remitirá al citado juzgado las actuaciones para que continúe su tramitación, previo emplazamiento de las partes en los próximos diez días.

La pieza cinco se abrió en febrero de 2013 para investigar un supuesto delito de prevaricación en la contratación entre la Generalitat y Orange Market y las sociedades vinculadas al Grupo Correa, a excepción de la contratación investigada en la pieza sobre Fitur, entre 2004 y 2009.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas de entre siete y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para los exconsejeros Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado, acusados de prevaricación administrativa, así como para el exdiputado autonómico David Serra.

Para la cúpula de Gürtel, las penas solicitadas por la Fiscalía oscilan entre los 10 años de prisión para Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, y los siete años y 11 meses para Felisa Jordán, Mónica Magariños y Cándido Herrero, así como multas que ascienden 582.000 euros en cada uno de los casos.

La decisión del TSJ valenciano está ahora sujeta a los posibles recursos que planteen las partes y a si la Audiencia Nacional considera que debe o no asumir la pieza, con lo que se podría plantear un conflicto de competencia que debería ser resuelto por el Tribunal Supremo. El año pasado el Supremo ya enmendó la plana al TSJ de la Comunidad Valenciana sobre dónde tenía que juzgarse la pieza de Fitur después de que la Fiscalía Anticorrupción recurriese la decisión. Ahora, Anticorrupción está dispuesta a repetir la operación para que todas las piezas de Gürtel sean juzgadas en el TSJ.