Becerril recuerda que los exiliados por ETA siguen sin poder votar en Euskadi

El informe anual del Defensor del Pueblo presentado este jueves por su responsable, Soledad Becerril, recuerda al Gobierno que aún no ha materializado la reforma legislativa destinada a que las personas que huyeron del País Vasco por la presión del terrorismo de ETA puedan volver a votar en sus lugares de origen pese a vivir fuera de la comunidad autónoma vasca. El proyecto de esta reforma impulsada por el Gobierno también incluía a Navarra.

El Defensor del Pueblo introduce este recordatorio en su apartado dedicado a las víctimas del terrorismo: "la tercera de las recomendaciones que se han formulado es la de llevar a efecto, a la mayor brevedad, las reformas legislativas" que afectan a este colectivo y pone como ejemplo la reforma de la legislación electoral "que permita el voto en el País Vasco de aquellas personas que abandonaron su residencia por la amenaza terrorista".

Más adelante, el informe insiste en que "no han sido materializadas hasta la fecha otras medidas, como son la reforma electoral en lo concerniente a los derechos electorales de las víctimas del terrorismo". La iniciativa lleva paralizada más de dos años y medio después de que 20 expertos consultados por el Ejecutivo elaborasen una ponencia al respecto planteando las medidas que serían necesarias para llevar a cabo la reforma.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue preguntado el pasado mes de septiembre a este respecto y en su respuesta delegó la cuestión hacia los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, pese a que en un primer momento fue el Gobierno quien impulsó el proyecto.

El ministro explicó que "al final se pensó" tramitar esta cuestión como una proposición de Ley "para que lo presentasen los grupos parlamentarios" y no como un proyecto de Ley "porque era deseable el mayor consenso posible". "Ya está articulada (la iniciativa) y faltaría la voluntad de los grupos de presentarla y en su caso aprobarla", dijo entonces el ministro

El Ministerio del Interior había encargado estos trabajos a 20 expertos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales cuya ponencia abría la puerta al voto en sus lugares de origen a todos los que en el pasado hubiesen vivido en el País Vasco y Navarra debido a la dificultad para probar los motivos por los que se marcharon. Establecía como necesario acreditar haber residido en esas comunidades.