La Fiscalía pide seis años de cárcel para Arraiz por integración en ETA

La Fiscalía del País Vasco solicita la pena de seis de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público para el presidente de Sortu. Hasier Arraiz, por un delito de "integración en organización terrorista".

En el escrito de acusación que el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sostiene que el parlamentario de EH Bildu tuvo una "participación activa y consciente" en la reorganización de la "Batasuna clandestina" al actuar "al servicio de las actividades y finalidades de la organización terrorista ETA". El Ministerio Público considera que Arraiz, al igual que el resto de miembros de la Mesa Nacional de HB, se coordinó con la banda terrorista "para conseguir la independencia de Euskalherria mediante la utilización de la violencia".

El actual presidente de Sortu fue detenido por la policía, junto a una veintena más de dirigentes de la ilegalizada Batasuna, el 4 de octubre de 2007 cuando participaban en una reunión de la Mesa Nacional de HB en la localidad guipuzcoana de Segura.

El escrito de la Fiscalía hace constar los tribunales declararon en 2003 ilegales las organizaciones Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, además de la suspensión de sus actividades. Y añade que los dirigentes de la izquierda abertzale, entre los que figuraba Arraiz como responsable de HB en Álava, crearon "una sucesión de partidos políticos, agrupaciones e instituciones con la finalidad de perpetuar la estrategia diseñada por ETA" en sustitución de las organizaciones ilegalizadas.

Calparsoro recuerda que mientras Arraiz fue miembro de la Mesa Nacional de Batasuna se produjeron actos terroristas, además de "una campaña del entramado Batasuna-ETA contra el tren de alta velocidad" que fue desarrollada por todas las estructuras del "entramado terrorista que dirigía ETA" y que se desarrolló por medio de Batasuna-Ekin y otras siglas como ANV y PCTV-EHAK. Entre esas acciones, cita el asesinato, el 3 de diciembre de 2008 en Azpeitia, del empresario Ignacio Uria, cuya compañía era adjudicataria de las obras de un tramo de la Y vasca ferroviaria.

La Fiscalía hace un listado de todas las reuniones en las que Arraiz intervino como dirigente de Batasuna, así como declaraciones públicas realizadas por el actual parlamentario. El ministerio público considera que los hechos constituyen un delito de integración en organización terrorista del que es responsable Hasier Arraiz para el que pide una pena de seis años de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo.

El escrito ha rebajado de diez años a seis años la duración de las penas de prisión e inhabilitación que anteriormente había solicitado para Arraiz "de conformidad con la actual jurisprudencia del Tribunal Supremo". El fiscal pide que en el juicio presten declaración como testigos Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Rufi Etxeberria y José Luis Elkoro, así como los policías que realizaron vigilancias de los actos en los que intervino Arraiz o que participaron en el registro de su domicilio.