El Consejo de Garantías ve fuera del Estatuto las ‘estructuras de Estado’

El Consejo de Garantías Estatutarias lanzó ayer un jarro de agua fría sobre el proceso soberanista que impulsa el presidente Artur Mas. El órgano consultivo elevó un dictamen en el que considera que cinco de las seis “estructuras de Estado” incluidas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, pactadas por CiU y ERC, desbordan la Constitución y el Estatut. El ente, que dictó el informe a petición del Partido Popular, concluye que el proyecto de Ley de la Agencia Tributaria; el de reparto de dividendos entre la Generalitat y el Estado; el de infraestructuras críticas; el de la Autoridad Catalana de la competencia, y el la de la seguridad nuclear no se ajustan a ninguna de las dos normas. En una decisión sin precedentes, el dictamen solo preserva la agencia de la Seguridad Social Catalana al sostener que figura dentro de las competencias de la Administración autonómica.

El análisis es un mazazo para las expectativas de CiU y Esquerra, y especialmente para Mas que defendió hace dos semanas la necesidad de ir preparando esas estructuras de Estado por si el 27 de septiembre los catalanes votan a favor de la secesión en las elecciones que concibe como un referéndum. El informe es contundente y no incorpora votos particulares a diferencia de lo que sucedió en agosto cuando el ente aprobó por cinco votos a cuatro la Ley de Consultas. Aunque algunos puntos han sido aprobados por mayoría y otros por unanimidad. Pese a que el documento no es vinculante, el popular Enric Millo instó a CiU y a Esquerra a respetar la norma no escrita que reza que todos los grupos acatan los informes de Garantías Estatutarias. “El documento supone romper la columna vertebral de las estructuras del Estado. Es el fin de una aventura irracional”, señaló el diputado que aconsejó a CiU y a Esquerra no hacer trampas en la futura tramitación.

El dictamen no es vinculante, pero el PP pide al Ejecutivo que lo acate

Convergència y Esquerra, que culparon en su momento al PP de zancadillear cualquier acción de Gobierno, encajaron el informe con irritación. Anoche, decidieron pactar unas enmiendas para que se ajusten al dictamen y poder aprobar así los Presupuestos en el pleno del Parlament de la próxima semana, informa Europa Press. Fuentes de los dos partidos señalaron que eran conscientes que habían superado el techo constitucional y que tienen previsto registrar las transacciones a las cuentas el lunes para que sean votadas el miércoles.

El informe, en cualquier caso, deja en una situación muy incómoda al Gobierno de Mas que logró precisamente desbloquear la tramitación de los Presupuestos tras un pacto con Esquerra que supuso incorporar 100 millones de euros. De ellos, 88,5 estaban asignados a gasto social y 11,5 a las citadas estructuras de Estado. De este último apartado, la Hacienda Catalana recibiría 10'8 millones adicionales (pasa de 44 a 54) y la Agencia de la Seguridad Social Catalana otros 700.000 euros, la única estructura avalada por el Consejo al sostener que no es desdeñable que en un futuro pueda asumir nuevas competencias que le asigne el Estado. El texto no entra a valorar partidas.

CiU y Esquerra buscan ahora una salida para dar luz verde a su plan

El organismo, sin embargo, no ha dado la razón al Partido Popular que pidió también un segundo dictamen al tachar los Presupuestos de “ficticios” porque contemplan en el capítulo de ingresos una suma de 2.183 millones de euros que dependen de transferencias del Estado por deudas pendientes. El PP cree que eso no sucederá y por tanto sostiene que el proyecto es una “gran mentira”. El ente consultivo no considera “irracional y arbitrario” que se contemplen esas deudas y juzga razonable que se presupuesten. Los capítulos impugnados son los siguientes: 635 millones por el impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito; 789 millones del Fondo de Competitividad y 759 de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto. Maurici Lucena, portavoz socialista, afirmó anoche que el contenido del dictamen revela el grado de incompetencia del Gobierno y que refleja la agonía de Mas al alargar la legislatura.