Una inacción demasiado cara

La Junta afronta un agujero financiero que puede alcanzar los 60 millones. 14 de febrero de 2014: El Tribunal Supremo anula el despido de seis trabajadores adscritos al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y obliga a su readmisión. La sentencia sienta jurisprudencia y denuncia un “fraude de ley” por parte de la Junta, a la que insta a resarcir al colectivo al completo, formado por 787 técnicos, denominados Agentes Locales de Promoción y Empleo (ALPE). 14 de febrero de 2015: El Ejecutivo tramita la readmisión de los primeros 46 trabajadores con sentencia judicial firme, declarando la nulidad del despido.

¿Qué ha pasado durante este año en el que la Junta ha ignorado un fallo ineludible del Supremo? Recursos y dilaciones judiciales. Mientras que se retrasaba la ejecución de las sentencias y la reincorporación de estos técnicos, el reloj corría, la mayor tasa de paro regional del país se mantenía (ronda el 34%), y los salarios de los trabajadores se estaban abonando (tal y como confirmarán este año decenas de jueces de lo Social). Y sin embargo, todos ellos han permanecido en sus casas, con un coste estimado de 70.000 euros al día, y sin el asesoramiento a las empresas para lograr que la economía andaluza, especialmente la rural, prospere.

En este año improductivo, como era obvio, las sentencias firmes del alto tribunal se han repetido en cascada y ya son 24 colectivas y 50 individuales en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Traducción: el Supremo ha obligado a la Junta a readmitir a 315 empleados de los 787 despedidos en el ERE ejecutado sin negociación por parte de la Consejería de Economía en septiembre de 2012. Pero los fallos seguirán sucediéndose en 2015. Dos años y medio después, esta semana seis jueces de lo Social de Cádiz han dictado medidas contundentes para forzar a la Junta a que ingrese a los despedidos los salarios de tramitación sin percibir. De momento, el Ejecutivo sigue resistiéndose a pagar pese a lo inevitable, pese a la ejecución de las sentencias.

“El tema es irreversible desde hace un año, pero sobre todo es un despilfarro económico descomunal. No comprendemos esa irresponsabilidad, porque la parte laboral es angustiosa porque lo estamos pasando mal, pero la gestión del asunto es escandalosa”. Javier Urbano, presidente de la asociación de estos afectados, denota incredulidad. Esta semana de precampaña se ha reunido con los líderes del PP e IU para recabar apoyos, arrancar promesas, pero sobre todo para acelerar que la Junta dé su brazo a torcer de una vez, inapelable solución al conflicto tras jugar y ganar la carta de los tribunales.

Es un despilfarro económico descomunal”, critica uno de los afectados

“Hicieron un ERE en el que no pudimos negociar nada y un Gobierno socialista aplicó la reforma laboral del PP. Incluso los sindicatos nos abandonaron. Sentimos un maltrato absoluto. No nos concedieron ni una reunión, y solo han reaccionado dos años después con una mesa de negociación actualmente bloqueada”, critica Antxón Urrestarazu, de la asociación que agrupa a los técnicos. “El empleo se crea en el territorio con técnicos especializados. Éramos un ejemplo de colaboración institucional entre Ayuntamientos y Junta y han despreciado ese valor. Luego no puedes lamentarte del paro, porque el empleo no se crea a golpe de boletín”, añade.

El agujero en las cuentas aumenta día tras día, aunque nadie sabe concretar su cuantía exacta. Por un lado, la Junta alega que una parte del colectivo no ha denunciado ni prevé denunciarles por diferentes razones como haber encontrado un empleo mejor en estos dos años de dilación, aunque con la crisis es difícil que supere el 10% de los despedidos. Y por el otro, la factura del impago sigue creciendo sin que ningún trabajador haya sido readmitido aún. El agujero en torno a 60 millones permanecerá hasta que se promueva una modificación presupuestaria o sea reajustado con otra partida que no se ejecute.

En el trámite de readmisión de los primeros 46 técnicos en el SAE, la Consejería de Economía está pendiente de los informes de los servicios jurídicos, y de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para que señale cómo se les paga desde ahora y dónde se ubican —dado que las Unidades Territoriales de Empleo (UTEDLT) donde estaban han desaparecido—. Además, Economía ha decidido por fin abrir la vía para alcanzar acuerdos extrajudiciales e interrumpir los recursos de súplica ante el TSJA ante el resultado infructuoso y dilatorio para el funcionamiento de la justicia. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? “Ha habido un tapón raro, porque teníamos información interna de la Junta para realizar propuestas y solucionar el tema”, apunta Urbano.

Mientras que el secretario general del SAE, Antonio González, ha rechazado opinar al respecto, fuentes de la negociación de la Junta, admiten: “Ha sido un año perdido y el embolao es muy gordo. Preveo que en mitad de la campaña alguien de muy arriba dirá que todos para dentro”.