El PP destituye a su gerente en Valencia acusada de financiación ilegal

El Partido Popular ha destituido a su hasta ahora gerente en Valencia, Cristina Ibáñez, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicitó el viernes siete años y nueves meses de cárcel por tres supuestos delitos electorales (denominación técnica de la financiación ilegal) y de falsedad continuada en las campañas de 2007 y 2008.

El presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra, lo ha confirmado este martes. "Ahora lo que hay que hacer es nombrar a un nuevo gerente y ya está", ha añadido. El dirigente valenciano ha recordado que el puesto de Ibáñez dependía de la "sede nacional" de los populares, con la que había estado "en contacto estos últimos días", "y se ha procedido a su cese".

Esta mañana, según una portavoz del PP regional, Ibáñez había acudido a trabajar y no tenía conocimiento de su posible destitución.

La Fiscalía sostiene, en el seno del caso Gürtel, que Ibáñez y otros miembros de la cúpula popular en la Comunidad Valenciana en la etapa de Francisco Camps, como el exvicepresidente Vicente Rambla y el antiguo secretario general Ricardo Costa, gestionaron aportaciones irregulares de seis grupos empresariales del sector de la construcción que eran adjudicatarios de contratos de la Generalitat. El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano, José Ceres, procesó en diciembre a Ibáñez, Rambla, Costa y otras 16 personas, y el ministerio público ha pedido ahora que se abra juicio oral contra ellos.

Los imputados, entre los que hay antiguos cargos públicos y del PP, empresarios y presuntos cabecillas de la trama Gürtel, han negado las irregularidades.

La Policía apuntó en un informe de septiembre pasado que Ibáñez, que ha sido gerente del PP de la Comunidad Valenciana desde 1995, cuando el partido ganó por primera vez las elecciones a la Generalitat, pudo ser "conocedora" del uso de "fondos B" para pagar actos de la formación política desde 2004.

Fabra ha manifestado que las actuaciones del juez y de la Fiscalía por hechos anteriores a su llegada al cargo, en julio de 2011, después de que Camps dimitiera salpicado por el caso Gürtel, no tienen por qué afectar a las posibilidades electorales de su partido en la comunidad autónoma. "Por el hecho de estar en este momento encima de la mesa cosas sucedidas en el pasado, no creo que [los ciudadanos] pongan en duda la labor que he realizado durante estos tres años y medio, encaminados precisamente a mantener una línea muy estricta con la corrupción e intentar mejorar la gestión de la Generalitat".