El empresario acusado en el ‘caso de las ambulancias’ culpa a los técnicos

El dueño de Ambulàncies Baix Ebre, Bernardo Coslado, investigado por presuntas irregularidades en la adjudicación del transporte sanitario en las Tierras del Ebro, defendió ayer la legalidad de 640.295 euros cobrados. Las facturas se giraron entre 2008 y 2011 a través de convenios desde una fundación y sociedades ligadas a Sagessa, el ala sanitaria del conglomerado de empresas municipales Reus (Baix Camp) Innova. Coslado declaró durante apenas media hora ante juez de Instrucción 3 de Reus imputado en la séptima pieza separada del caso Innova,cuyo procedimiento judicial acumula ya más de 50 imputados. El empresario, detenido por la Guardia Civil en enero de 2014, fue interrogado por supuestos delitos de blanqueo de capitales, prevaricación y malversación.

El abogado de Coslado, David Domènech, aseguró que el hecho de que Innova fuese una sociedad mercantil municipal “y no la Administración directamente” permitió adjudicar los convenios sin concurso. Según fuentes cercanas al caso, estas adjudicaciones a dedo habrían sido admitidas ante el juez por dos imputados: el ex director general del Hospital Sant Joan de Reus, Enric Agustí, y Lluís Nualart, que fue adjunto a la presidencia de Sagessa.

“Todos se reduce a que los técnicos dicen que el sistema no se ajusta a la legalidad, y otros creen que sí”, excusó ayer Domènech. El abogado admitió que Innova, que se extiende hasta las Tierras del Ebro, se encontraba en un “limbo jurídico” que él, como abogado, ni entiende. Sin embargo, Domènech rechazó que se hubieran inflado precios, como apuntó el juez en un auto dictado en diciembre en el que impuso una fianza de 1,2 millones de euros a Coslado. “Los servicios prestados por Ambulebre a Gestión Comarcal Hospitalaria (propiedad de hospital de Reus) y por los que cobraba 10.000 euros mensuales, son ahora prestados por otra empresa a razón de 3.166 euros al mes. Comparación que resulta odiosa”, afirmó el juez.

Domènech, a la vez, aseguró que en ningún caso hubo “doble facturación”. En el mismo auto el instructor del caso Innova aseguró tener sospechas de que sí la hubo por “la prestación de un mismo servicio pagado con fondos públicos” en el transporte de pacientes de hemodiálisis, radioterapia y rehabilitación. “Hicieron un uso torticiero de su posición privilegida para evitar los controles y fiscalización”, cree el juez de Coslado y los exdirectivos de Innova implicados. El juez también asegura que el modelo de Innova “estaba diseñado para que no hubiese ningún tipo de control”.

En paralelo, Coslado está acusado de pagar 5.000 euros mensuales al exdirector de Innova y expresidente del Instituto Catalán de la Salud, Josep Prat, para conseguir ventaja en concursos convocados por la Generalitat.