Las dilaciones echan por tierra la instrucción de un gran fraude fiscal

En los años de esplendor del ladrillo, las plataformas de Grúas Estación se elevaban hacia el cielo desde el suelo de toda Galicia. La empresa de Padrón (A Coruña) disfrutaba de las mieles del negocio cuando en julio de 2004 uno de sus tres dueños, Serafín Montenegro, denunció a sus socios, su hermano Santiago y Carlos Mosquera, acusándoles de gestionar la sociedad a través de una contabilidad b alimentada con facturas falsas y operaciones ficticias para eludir impuestos. Así nació el caso Estación, un presunto macrofraude cuantificado en seis millones de euros entre 2002 y 2005, que tras acumular 21 imputados y cinco tipos de delitos (fiscal, societario, contable, apropiación indebida y falsedad documental) está ahora amenazado de ruina. Después de una década de lentas pesquisas, la fiscalía acaba de presentar un informe en el que retira su acusación por delitos contra la Hacienda pública y falsedad documental alegando, entre otras cosas, que ya han prescrito. El ministerio público solo mantiene las imputaciones contra tres personas. Y una de ellas es el denunciante.

La fiscal Aránzazu San José defiende la retirada de los cargos por delito fiscal y falsedad documental porque considera que ya han prescrito y por las contradicciones entre los dos peritos de la Agencia Tributaria que intervinieron en la instrucción, dos expertos del mismo organismo público que llegan a conclusiones radicalmente distintas. El primero, Ángel Fernández Docampo, presentó su estudio en marzo de 2010 tras investigar la contabilidad de Grúas Estación y concluyó la existencia de indicios de falsedad documental y de nueve delitos fiscales cometidos presuntamente por Santiago Montenegro y Carlos Mosquera, por los que Hacienda dejó de ingresar unos 2,8 millones de euros por sociedades e IVA. El segundo, José María González Seijo, revisó críticamente el informe de Docampo cuatro años después a petición de estos dos imputados y con la oposición del denunciante (ahora también imputado), que lo acusó de ocultar facturas falsas de Grúas Estación a las que tuvo acceso mientras investigaba otro fraude, el de la empresa viguesa Las Cinco Jotas.

La fiscalía se decanta por el dictamen de este segundo perito que, sin hacer nuevas pesquisas, puso en duda el método utilizado por su compañero para calcular el fraude en unos seis millones y descartó la existencia de los nueve delitos fiscales y de falsedad. “Nos parece que los cálculos realizados por el perito González Seijo son más atinados”, esgrime la fiscalía, quien al margen de estas estimaciones admite “otro grave problema”. El ministerio público considera prescritos estos delitos contra la Hacienda pública cometidos presuntamente entre 2003 y 2005 porque los cinco años de plazo desde que fija la ley para que se evaporen las responsabilidades penales comenzaron a contar a finales de 2012, cuando se efectuó la acusación formal contra Montenegro y Mosquera. La fiscal justifica la tardanza en formular estos cargos porque “se estuvo a la espera” de la pericial de Docampo, presentada en marzo de 2010.

Este primer perito concluyó que Grúas Estación había facturado compras ficticias de gasóleo, neumáticos y equipos a varias empresas para inflar sus gastos. Docampo halló, entre otros indicios, “incompatibilidades horarias” para realizar los suministros de combustible, “falta de capacidad de los vehículos” y “defectos formales” en los albaranes y notas de entrega. El ministerio público descarta ahora también la falsedad documental porque, argumenta, las declaraciones de los imputados y de los conductores de los camiones de las empresas implicadas “vienen a corroborar que es posible que [los indicios hallados por el perito] se trate de meros errores materiales dado que las facturas se elaboraban posteriormente”.

La fiscal da además más credibilidad a la revisión que realizó Seijo, quien consideró que la “diferencia de precio” o la “falta de justificación formal a través de albaranes” que detectó Docampo en trasacciones de neumáticos y alquiler de equipos no no son indicios suficientes para considerar falsas dichas operaciones. La fiscalía comparte esta valoración y añade que las explicaciones dadas por las empresas implicadas ante la juez instructora sobre estas irregularidades fueron “coherentes”. Y apunta también a la prescripción del delito porque las facturas presuntamente falsas fueron confeccionadas en 2003 y 2004 y “los supuestos responsables de estos hechos son llamados a declarar” como tales con posterioridad a que transcurra el plazo de prescripción de tres años que marca la legislación.

El ministerio público solo considera “constatada” la existencia de una caja b en Grúas Estación de 1999 a 2002, la que aportó Serafín Montenegro a la causa cuando presentó la denuncia. Y por esta contabilidad paralela formulará acusación contra los hasta ahora principales imputados (Santiago Montenegro y Carlos Mosquera) por administración desleal y contra el propio denunciante, a quien atribuye este mismo delito y otro más de apropiación indebida. La fiscalía convierte así al socio de Grúas Estación que acudió a la justicia en el principal acusado de la causa.