Las ayudas a la vivienda por riesgo de exclusión social se quedan cortas

Un total de 123 personas han visto incluido su nombre en la relación de beneficiarios de “ayudas en materia de vivienda en situación de especial vulnerabilidad”, que este jueves publicó el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Se trata de ayudas derivadas de una orden de junio de 2013 que la titular de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, promulgó para “aliviar” a los que se hallan en riesgo de exclusión social, y que se planteaban con “carácter prioritario”.

La consejería anunció en aquel momento que, dada la urgencia de los casos, la intención era “ir pagando en cuanto se pueda”. Sin embargo, no se ha publicado la lista hasta más de un año y medio después. La resolución especifica ahora que “aquellas solicitudes en las que concurrían los supuestos de especial vulnerabilidad previstos en las bases de la convocatoria, y siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitieron, fueron objeto de resolución de concesión de las correspondientes ayudas”. Su publicación viene obligada por la Ley de Subvenciones de 2003.

Un total de 551 solicitudes de ayuda han sido rechazadas

Junto a la relación de las 123 ayudas concedidas, que oscilan entre 672 euros la más baja y 27.494 euros la más alta, la consejería publica una relación de 551 solicitantes a los que ha sido desestimada la petición, bien por incumplir los requisitos exigidos, bien porque se ha agotado el presupuesto, caso en el que se han visto 80 solicitantes. Como ya se anunció en junio de 2013, la dotación para hacer frente a las ayudas era de cerca de un millón de euros. Las 123 subvenciones concedidas suman poco más de 962.000 euros.

“Han tardado un año y medio en ejecutar esas ayudas”, señaló la diputada socialista María José Salvador, un tiempo que en su opinión casa mal con el objetivo expresado por la consejera de atender “casos graves”. Según la parlamentaria, que criticó “la sensación que siempre da el departamento de Bonig de situación caótica y falta de coordinación”, el gran número de solicitudes desestimadas confirma las denuncias que la plataforma de afectados por las ayudas a la vivienda hizo cuando se lanzó la iniciativa por lo restrictivo de los requisitos, similares a los de la Ley de Protección a los Deudores Hipotecarios del Gobierno de Mariano Rajoy. “Los requisitos hacen que casi nadie se pueda acoger”, dijo entonces la plataforma, que también criticó que el plazo de resolución de seis meses podía “anular su efecto en casos verdaderamente graves”.

La oposición critica lo restrictivo de los requisitos para las subvenciones

“La consejera Bonig ha intentado vender esta convocatoria para personas en situación de exclusión como muestra de su sensibilidad social, cosa que comprobamos que fue una acción propagandística más de las que nos tiene acostumbrados el Gobierno del PP”, aseguró el diputado de Compromís Fran Ferri. “Su sensibilidad se ha traducido en que 80 beneficiarios han quedado excluidos por falta de fondos, así como un 82% de ayudas denegadas. Esto demuestra lo que ya denunciamos desde Compromís, y es que la dureza de los requisitos dejaría fuera a la mayor parte de los solicitantes”.

Familias numerosas o monoparentales con dos hijos o un menor de tres años a su cargo, embarazadas, realojados, personas con familiares mayores de 65 años, discapacitados o desempleados sin prestaciones y amenazados de desahucio, siempre que los ingresos familiares no superen las 2,5 veces el indicador público de renta o cuya carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5, son algunas de las condiciones exigidas para acceder a las ayudas.