El Síndic pide al Gobierno catalán un cambio en política social
Ribó insiste en la necesidad de modificar la renta mínima y reactivar las prestaciones de la dependencia
Los ciudadanos se quejan cada vez más por temas sociales ante el Síndic de Greuges. El defensor del pueblo ha presentado esta mañana su informe, donde revela que el 40% de las reclamaciones que reciben se corresponden a reclamaciones sobre la ley de Dependencia, la renta mínima de inserción (RMI) o las listas de esperas sanitarias. "Hay derechos reconocidos por la ley que siguen sin estar al abasto de la población", ha asegurado Rafael Ribó.
El Síndic ha alertado que "la Administración no puede justificar las restricciones de derechos por motivos presupuestarios". Por ejemplo, el recorte en las Prestaciones Económicas Vinculadas, que le permiten a un dependiente gozar de una plaza en una residencia privada a la espera de obtener una en un equipamiento público. El departamento de Bienestar las recortó por no poder hacer frente a ellas de una manera universal. "Somos conscientes de los problemas financieros y de los incumplimientos del Gobierno español, pero la Generalitat debe ser más diligente".
Ribó también ha pedido a la Generalitat que defina con claridad quién es un pobre energético, para así poder atacar mejor el problema. "No vale la excusa de que el Gobierno español ha recurrido el anterior decreto", ha dicho el Síndic.
El informe, que ha sido presentado en el Parlament, destaca que durante el año pasado se han recibido 15.343 quejas, un 7% más que el año pasado.El 38,4% corresponden a temas sociales -un nivel que se mantiene desde 2010-, el 16% son sobre consumo y 22,9% son reclamaciones sobre la Administración pública.
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