La Sindicatura detecta irregularidades en el Ayuntamiento de Creixell
El Ayuntamiento recibió subvenciones sin estar al corriente con la Seguridad Social entre 2007 y 2010
La Sindicatura de Cuentas de Catalunya ha hecho público este miércoles un informe que detecta numerosas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Creixell (Tarragona) entre 2006 y 2010.
En primer lugar, se señala que el consistorio no tuvo presupuesto entre 2007 y 2010. Mientras que, entre 2006 y 2010, se aprobaron modificaciones de créditos extraordinarios para las que no había crédito presupuestario. Además, entre 2006 y 2010 los ingresos estaban sobrevalorados entre un 24% y un 57%, y se hicieron gastos por un valor de 7,8 millones de euros que "no habían sido imputados en el presupuesto". El informe también alerta de que a partir de 2007, el Ayuntamiento dejó de ingresar las cuotas en la Seguridad Social, tanto la cuota patronal como la correspondiente a los trabajadores; una situación que se corrigió a partir de 2011.
Durante el período fiscalizado se han dado subvenciones al Ayuntamiento sin que este estuviera al corriente en el cumplimiento de obligaciones ante la Seguridad Social, a pesar de que el alcalde declaró que sí que estaban al corriente. El informe detecta entre 2006 y 2010 pagos por valor de 5,4 millones de euros que han quedado "pendientes de aplicar al presupuesto" y que fueron autorizados sin que existiera crédito presupuestario. La sindicatura recuerda que en 2010 dos concejales del consistorio denunciaron ante la Oficina Antifraude irregularidades en la contratación de personal y en 2014 la oficina elevó la denuncia a la Fiscalía Superior de Cataluña.
Asimismo, se recogen irregularidades en tres expedientes relativos al plan urbanístico del municipio: faltan documentos y no se han aplicado las cláusulas penalizadoras, pese a que se superaron los períodos de ejecución previstos. Además, ninguno de los tres expedientes revisados fueron tramitados al registro de contratos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. "Estas actuaciones podrían ser perseguibles administrativamente y judicialmente", concluye la Sindicatura de Cuentas sobre el municipio.
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