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La Sindicatura detecta irregularidades en el Ayuntamiento de Creixell

El Ayuntamiento recibió subvenciones sin estar al corriente con la Seguridad Social entre 2007 y 2010

Mirador del municipio de Creixell, Tarragona.
Mirador del municipio de Creixell, Tarragona.

La Sindicatura de Cuentas de Catalunya ha hecho público este miércoles un informe que detecta numerosas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Creixell (Tarragona) entre 2006 y 2010.

En primer lugar, se señala que el consistorio no tuvo presupuesto entre 2007 y 2010. Mientras que, entre 2006 y 2010, se aprobaron modificaciones de créditos extraordinarios para las que no había crédito presupuestario. Además, entre 2006 y 2010 los ingresos estaban sobrevalorados entre un 24% y un 57%, y se hicieron gastos por un valor de 7,8 millones de euros que "no habían sido imputados en el presupuesto". El informe también alerta de que a partir de 2007, el Ayuntamiento dejó de ingresar las cuotas en la Seguridad Social, tanto la cuota patronal como la correspondiente a los trabajadores; una situación que se corrigió a partir de 2011.

Durante el período fiscalizado se han dado subvenciones al Ayuntamiento sin que este estuviera al corriente en el cumplimiento de obligaciones ante la Seguridad Social, a pesar de que el alcalde declaró que sí que estaban al corriente. El informe detecta entre 2006 y 2010 pagos por valor de 5,4 millones de euros que han quedado "pendientes de aplicar al presupuesto" y que fueron autorizados sin que existiera crédito presupuestario. La sindicatura recuerda que en 2010 dos concejales del consistorio denunciaron ante la Oficina Antifraude irregularidades en la contratación de personal y en 2014 la oficina elevó la denuncia a la Fiscalía Superior de Cataluña.

Asimismo, se recogen irregularidades en tres expedientes relativos al plan urbanístico del municipio: faltan documentos y no se han aplicado las cláusulas penalizadoras, pese a que se superaron los períodos de ejecución previstos. Además, ninguno de los tres expedientes revisados fueron tramitados al registro de contratos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. "Estas actuaciones podrían ser perseguibles administrativamente y judicialmente", concluye la Sindicatura de Cuentas sobre el municipio.