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Madrid rompe un convenio tras la multa de la CNMC por monopolio

El Ayuntamiento acaba con el acuerdo para la venta de papel y cartón de recogida selectiva

El Ayuntamiento de Madrid (Partido Popular) ha resuelto el convenio que mantenía desde hace 15 años para la venta de papel y cartón, a consecuencia de la multa impuesta a finales de enero por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a varias empresas y asociaciones por repartirse los principales contratos municipales de basura y limpieza viaria. El edil de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, anunció esta mañana que está evaluando además el perjuicio económico causado por esta trama empresarial para tomar otras medidas, y ha avanzado que cambiará los mecanismos de licitación para asegurar una mayor concurrencia y evitar componendas.

La resolución de la CNMC tiene alcance nacional e implica a 39 empresas y tres asociaciones sectoriales. Las mayores multas han sido para las empresas que controlan los grandes contratos de Madrid: 23,3 millones a ACS, 16,8 millones a Fomento de Construcciones y Contratas; 15,3 millones a Sacyr; y 13,6 millones a Ferrovial. Las empresas anunciaron que recurrirán ante la justicia.

El convenio resuelto por el Ayuntamiento se firmó en el año 2000 y se renovó en 2005 con la Asociación de la Recuperación y el Reciclado de Madrid para la venta del papel y cartón procedente de la recogida selectiva. La CNMC detectó prácticas de monopolio y citó documentación que afirma que el precio recibido por el Ayuntamiento puede ser inferior al pagado en otras urbes.

La investigación se extiende también a otros contratos como la explotación del complejo de biometanización de Vademingómez, el Servicio de Limpieza Urgente o la recogida basura y limpieza viaria.

“Colaborador necesario”

Sanjuanbenito dijo hoy que la resolución de la CNMC no sirve como causa de nulidad para los contratos licitados con anterioridad, y añadió que el hecho de conocer desde 2012 la investigación entonces en curso no era suficiente para excluir de los procesos de licitación a las empresas bajo sospecha. El edil defendió que el Ayuntamiento es “una víctima más” y carece de instrumentos para detectar un pacto previo.

Los concejales Jaime de Berenguer (UPyD) y Raquel López (IU) coincidieron sin embargo en que el Ayuntamiento fue “colaborador necesario”. “Se lo han puesto fácil para estafar”, dijo López. “¿A quiénes hemos hecho ricos y desde cuándo”, preguntó Berenguer. La edil Ruth Porta (PSM) pidió una investigación de todos los contratos: “Ustedes no son víctimas, son culpables”.

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