Madrid rompe un convenio tras la multa de la CNMC por monopolio

El Ayuntamiento de Madrid (Partido Popular) ha resuelto el convenio que mantenía desde hace 15 años para la venta de papel y cartón, a consecuencia de la multa impuesta a finales de enero por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a varias empresas y asociaciones por repartirse los principales contratos municipales de basura y limpieza viaria. El edil de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, anunció esta mañana que está evaluando además el perjuicio económico causado por esta trama empresarial para tomar otras medidas, y ha avanzado que cambiará los mecanismos de licitación para asegurar una mayor concurrencia y evitar componendas.

La resolución de la CNMC tiene alcance nacional e implica a 39 empresas y tres asociaciones sectoriales. Las mayores multas han sido para las empresas que controlan los grandes contratos de Madrid: 23,3 millones a ACS, 16,8 millones a Fomento de Construcciones y Contratas; 15,3 millones a Sacyr; y 13,6 millones a Ferrovial. Las empresas anunciaron que recurrirán ante la justicia.

El convenio resuelto por el Ayuntamiento se firmó en el año 2000 y se renovó en 2005 con la Asociación de la Recuperación y el Reciclado de Madrid para la venta del papel y cartón procedente de la recogida selectiva. La CNMC detectó prácticas de monopolio y citó documentación que afirma que el precio recibido por el Ayuntamiento puede ser inferior al pagado en otras urbes.

La investigación se extiende también a otros contratos como la explotación del complejo de biometanización de Vademingómez, el Servicio de Limpieza Urgente o la recogida basura y limpieza viaria.

“Colaborador necesario”

Sanjuanbenito dijo hoy que la resolución de la CNMC no sirve como causa de nulidad para los contratos licitados con anterioridad, y añadió que el hecho de conocer desde 2012 la investigación entonces en curso no era suficiente para excluir de los procesos de licitación a las empresas bajo sospecha. El edil defendió que el Ayuntamiento es “una víctima más” y carece de instrumentos para detectar un pacto previo.

Los concejales Jaime de Berenguer (UPyD) y Raquel López (IU) coincidieron sin embargo en que el Ayuntamiento fue “colaborador necesario”. “Se lo han puesto fácil para estafar”, dijo López. “¿A quiénes hemos hecho ricos y desde cuándo”, preguntó Berenguer. La edil Ruth Porta (PSM) pidió una investigación de todos los contratos: “Ustedes no son víctimas, son culpables”.