Alaya imputa a 34 empresarios de una tacada en los ERE

Tras más de cuatro años de instrucción, la investigación judicial del fraude de los ERE subvencionados por la Junta de Andalucía no deja de deparar sorpresas. La juez Mercedes Alaya ha imputado a 34 nuevas personas y ampliado la acusación a otros siete ex altos cargos de la Administración autonómica. Se trata de la acusación masiva más numerosa ordenada hasta la fecha por la juez, en una causa que acumula ya 265 imputados. Las 34 nuevas imputaciones afectan a empresarios de la Sierra Norte de Sevilla que, según la magistrada, recibieron cuantiosas subvenciones de la Administración autonómica al margen de la legalidad. Entre ellos se encuentran tres exalcaldes del PSOE de esta comarca sevillana: Antonio Diana (El Pedroso); Carmelo Montero (Guadalcanal) y José Antonio Méndez (El Real de la Jara).

El caso ERE transcurre por tres vías. El Tribunal Supremo está investigando a los cinco aforados en Cortes, entre ellos los expresidentes socialistas de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento administrativo por el que se pagaban los ERE, que Alaya considera ilegal y que constituye el núcleo central de la causa. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tiene que decidir sobre la exposición razonada que ha enviado Alaya y que afecta a cuatro exconsejeros andaluces que son diputados autonómicos. Y el resto de la causa sigue en manos de la juez, que ha pedido retrasar su traslado a la Audiencia de Sevilla para acabar la instrucción de las macrocausas que tramita. El TSJA ha emitido un informe en el que apoya que Alaya prorrogue su estancia en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla hasta que llegue el nuevo titular, pero la palabra definitiva la tiene el Consejo General del Poder Judicial.

El nuevo auto implica a empresarios que recibieron cuantiosas ayudas de la Junta de Andalucía, pero sobre todo persigue apuntalar los indicios contra el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, diputado del PSOE en el Congreso y uno de los aforados que investiga el Supremo. La juez menciona a Viera tres veces en el auto. En una de las ocasiones, señala que en la documentación sobre la subvención a una empresa reza en el lado de una página “Viera, como si su concesión hubiese sido a instancias del mismo”. En las otras dos apunta a Viera como personaje clave en la concesión de las ayudas, con la colaboración del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, natural de la Sierra Norte.

Además, la juez ha enviado al Supremo el atestado de la Guardia Civil en el que se basa el auto con las nuevas imputaciones. En su informe, los agentes apuntan que la concentración de ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla pudo deberse a la mediación de Viera, por “decisiones de diferente índole”, pero básicamente por “afinidades políticas”. Diferentes empresas de la comarca sevillana recibieron en total 56 millones de euros, de los que 34 fueron para los empresarios ya imputados José Enrique Rosendo y José María Sayago. Los agentes destacan que la concentración de ayudas en esta zona de Sevilla es “desmesurada” y hacen hincapié en que Sonia Viera, hija del exconsejero, trabajaba para estos dos empresarios cuando recibieron buena parte de las ayudas.

En su auto, la magistrada subraya que las nuevas imputaciones se fundamentan en que los empresarios recibieron las ayudas sin procedimiento administrativo alguno y en muchos casos sin que conste solicitud. Alaya ha acelerado esta parte de la investigación cuando la fiscalía ha alertado en numerosas ocasiones del riesgo de prescripción, una posibilidad que la juez descarta pero que será empleada por las defensas de los nuevos imputados. Al margen de las nuevas imputaciones, Alaya amplía sus acusaciones a otros ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los exconsejeros Antonio Fernández y Martín Soler.

La magistrada ha fijado las declaraciones de los nuevos imputados a partir del 23 de marzo, un día después de la celebración de las elecciones autonómicas. Todas las campañas electorales celebradas en los últimos años han contado con la irrupción de Alaya, cuyas decisiones han suscitado críticas que ha desoído de forma sistemática. La más polémica fue el encarcelamiento del ex director general Javier Guerrero el día que comenzó la campaña de las elecciones de 2012. Aunque las nuevas imputaciones las ha fijado para después del 22-M, en esta ocasión ha vuelto a citar al ex consejero Antonio Fernández, que estuvo en prisión cuatro meses, el 3 de marzo, tres días antes del inicio de la campaña electoral.

Además, la magistrada ha convocado para el 19 de febrero a los peritos de la Intervención General del Estado para que ratifiquen el informe que presentaron sobre el procedimiento de pago de los ERE, un documento en el que Alaya basa sus sospechas sobre la cúpula del Gobierno autónomo. Paralelamente, ha reclamado al Tribunal Supremo que le envíe el informe pericial elaborado por dos catedráticos de Derecho Tributario y que ha presentado Griñán para su defensa. Este informe defiende la legalidad del procedimiento de pago de los ERE, las llamadas transferencias de financiación, una herramienta presupuestaria común en las Administraciones.