La justicia paraliza el plan urbanístico del Ayuntamiento para Torre Arias

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha paralizado de forma cautelar el plan urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de la capital (Partido Popular) el pasado 30 de julio para reformar la finca de Torre Arias. Esta decisión judicial, adoptada a petición de una plataforma integrada por vecinos, partidos y sindicatos, deja el destino de esa quinta histórica en manos del próximo gobierno municipal, elegido en mayo.

Los magistrados no entran a valorar la legalidad del plan urbanístico, cuestionado por la citada plataforma, pero paralizan cualquier actuación hasta haber decidido sobre el recurso para evitar que, entre tanto, se destruyan elementos con valor histórico susceptibles de ser conservados.

El Ayuntamiento de Madrid heredó en 2012, tras la muerte de la condesa de Torre Arias, Tatiana Pérez, una finca de 130.000 metros cuadrados ubicada en el número 551 de la calle de Alcalá, con una casa solariega del siglo XVI y otras construcciones.

La quinta perteneció a la condesa hasta 1986, cuando se la entregó al Ayuntamiento mediante un convenio que le permitía explotar a cambio otros terrenos próximos. El gobierno local (entonces socialista) le dejó seguir usándola como residencia hasta su muerte (en 2012, a los 88 años) y la de su marido (en 2003).

Una vez heredada la finca, el Ayuntamiento se encontró con que carecía de presupuesto para rehabilitarla, de forma que inició la busca de una institución educativa o cultural que asumiera ese trabajo a cambio de instalarse en el edificio principal; los jardines serán públicos, y ya pueden ser visitados (en grupos reducidos).

Uno de los posibles interesados, la Universidad de Navarra (fundada por la organización católica Opus Dei) descartó en octubre instalarse allí tras una campaña política y vecinal en su contra.

En paralelo a la búsqueda de una institución interesada en la finca, el Ayuntamiento aprobó en julio un plan urbanístico para “establecer la protección de los edificios y elementos singulares, determinar las actuaciones que se podrán llevarse a cabo en el recinto, y regular el uso de equipamiento educativo en los edificios”. El plan fue recurrido ante la justicia por la Plataforma en Defensa de la Quinta de Torre Arias, formada, entre otros, por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Comisiones Obreras, Izquierda Unida, Podemos, y la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. En su opinión, el plan “desprotege elementos edificados de valor y permite un uso privado en contra de los intereses generales de la ciudad”.

El tribunal decidió el 3 de febrero paralizar de forma cautelar el plan municipal. Los magistrados aseguran que el Ayuntamiento sólo ha otorgado el máximo blindaje a la casa solariega, las caballerizas y la caseta del guarda, “dejando sin protección al resto de edificaciones” para trasladar así su edificabilidad a un edificio que preste las labores educativas que se quieren dan a la finca “capaz de albergar una actividad docente para que se establece el uso alternativo privado”.

Así, según el auto judicial, se pretende demoler una vaquería, un matadero, una perrera, un pozo y un invernadero de inicios del siglo XX, entre otras edificaciones. El motivo, según el Ayuntamiento, es su “deficiente estado de conservación y su nulo valor histórico o artístico”. Sin entrar todavía en el fondo del asunto, el tribunal sí paraliza temporalmente cualquier actuación “porque el perjuicio sería irreparable” en el caso de que se tiraran abajo esos elementos y luego se dictaminase en sede judicial que forman parte del patrimonio de la ciudad.