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Remolques y tractoras internacionales

Los precios de las cargas no se han movido en diez años, pero las condiciones exigidas a los transportistas, sí

p. g.

“El transporte es un gran termómetro de la actividad porque todo lo que se compra o se vende, se transporta”, asegura Armando Gómez, el máximo responsable de Avant Cargo, una empresa especializada en resolver las emergencias de sus clientes por tierra mar y aire con el transporte urgente.

En su opinión, coincidente con la de otros agentes, ese desfase entre el incremento de la actividad en el movimiento de camiones, y la percepción de las asociaciones de transportistas, se debe a que una buena parte del pastel de la actividad se queda en manos de transportistas de otras nacionalidades, y en camiones con matrículas diferentes de los remolques y de las cabezas tractoras.

Es cierto que al reactivarse los mercados, aunque sea ligeramente, las empresas españolas importan muchas más piezas para seguir ensamblando aquí, y a renglón seguido exportando los productos terminados, sobre todo en automoción. Eso genera mucho tráfico de contenedores si esas piezas provienen de Asia, y de camiones si llegan de países del este de la UE. Pero el tráfico nacional no siempre está en manos de autónomos o empresas españolas. Cada vez más se contrata fuera. Eso en un contexto en el que los precios de las cargas no se han movido en diez años, pero las condiciones exigidas a los transportistas sí. Una curiosidad. El precio del kilo transportado desde China sale a 0,60 euros, y sin embargo cuesta tres veces más desde Alemania.

El pasado de 24 de enero responsable de las federaciones de asociaciones de transportistas Fetransa, Uniatramc, Fenatport y Upatrans, junto con alguna organización de ámbito provincial se reunieron en Madrid para hacer un análisis del sector. Entre sus conclusiones critican la reforma fiscal que ha eliminado el sistema de módulos y ahora obliga a tributar a los autónomos por estimación directa y la morosidad de muchos intermediarios y algunas empresas, que dejan de pagar servicios y en otros casos los demoran hasta 240 días.

Según critican, el cambio en el sistema de tributación “penaliza” a los autónomos y provoca una pérdida de competitividad frente a empresas de transporte de otros países, hasta el punto de poner en peligro más de 40.000 empleos directos e indirectos. El único respiro se lo está dando la bajada del precio del crudo y en consecuencia el abaratamiento del gasoil.

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