Infraestructuras millonarias, a precio de saldo

Las grandes infraestructuras realizadas por el PP para cambiar la imagen de la Comunidad Valenciana han terminado, tras años de sobrecostes y mala gestión, en manos del sector privado. La Ciudad de la Luz de Alicante, que alberga uno de los mayores estudios cinematográficos de Europa, es la última de las ballenas varadas en la playa.

La Comisión Europea ha ordenado al Consell que saque a subasta unas instalaciones, en las que se han invertido cerca de 265 millones de euros a lo largo de la década 2000-2010, por considerar que son unas instalaciones que operan con ayudas de la Administración incompatibles con el mercado interior de la UE. El importe de la venta difícilmente superará el 50% de la inversión realizada por los valencianos. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, admite que el precio que se obtenga será el que fije el mercado, que hoy es bajista.

El parque temático de Benidorm costó 425 millones y se vendió por 65

No es el único icono pagado con cargo a los presupuestos de la Generalitat que acabará en manos privadas a un precio notablemente inferior al gastado por los sucesivos Gobiernos del PP.

Terra Mítica, el parque de atracciones de Benidorm convertido en uno de los estandartes del “poder valenciano” de Eduardo Zaplana en España, fue la primera de las grandes infraestructuras en descarrilar. Con más de 425 millones de euros invertidos por parte de la Generalitat —con los que se pagaron unos sobrecostes reales, pero también otros ficticios por los que la Audiencia de Valencia está a punto de juzgar a 38 directivos y empresarios imputados de estafa y delito fiscal—, Terra Mítica se acabó vendiendo diez años después por 65 millones de euros al empresario George Santamaría. La cifra apenas representó poco más del 15% de la inversión real, pero desde hace dos años Terra Mítica —ahora en manos de la sociedad que gestiona Aqualandia— tiene beneficios operativos.

La inversión en los estudios de cine que salen a subasta fue de 265 millones

Más al norte, en Valencia, se halla el tercer mojón de las grandes infraestructuras de la Generalitat que ahora se intentan endosar al sector privado. Dentro del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) se halla uno de los edificios emblemáticos, pero sin uso definido, impulsados por Francisco Camps: L’Àgora. El recinto, que hasta ahora ha estado infrautilizado, ha albergado campeonatos de tenis, mítines políticos y mercadillos de Navidad, entre otras actividades. La obra se adjudicó por algo más de 41 millones de euros, pero en L’Àgora se han gastado ya más de 77 millones sin contar los nueve que han costado el proyecto y la dirección de obra. Con los remates pendientes de instalar —que cuestan otros tres millones de euros—, el Consell que preside Alberto Fabra ha aprovechado que caducaba la concesión de la explotación de los acuarios de L’Oceanogràfic para endosarle L’Àgora al nuevo adjudicatario. La Consejería de Economía, que dirige Máximo Buch, última en estas fechas el proceso de adjudicación de la explotación de L’Oceanogràfic, L’Àgora y las cafeterías, tiendas y taquillas del Museu de les Ciències y L’Hemisfèric. Buch admite que le hubiese gustado privatizar toda la gestión pero que se encontró con dificultades legales debido a las condiciones con las que se expropió el suelo del museo y del cine I-Max. Pese a todo, CACSA tendrá “lo mejor de lo privado y lo mejor de lo público”, según Buch. Son varios los grupos que aspiran a quedarse con la gestión del complejo al que ya ha renunciado el anterior gestor de L’Oceanogràfic, el grupo Parques Reunidos, tras el endurecimiento de las condiciones impuestas en la concesión. Según la propia Administración valenciana, las condiciones de la primera adjudicación, realizada en 2002, fueron “un chollo” porque se acordó pagar al concesionario más de cuatro millones anuales por la explotación de las instalaciones y este, a cambio, apenas abonaba uno por gestionar restaurantes y tiendas.

Se gastaron más de 77 millones para levantar L’Àgora sin un uso concreto

Sin embargo, es en Castellón donde se halla el icono más conocido de la deficiente gestión del Consell. El “aeropuerto del abuelito” Carlos Fabra, como lo definió el expresidente de la Diputación hoy encarcelado por fraude fiscal, ha supuesto para la Generalitat una inversión superior a los 170 millones de euros. La pretensión era acompañarlo con 12 campos de golf, un parque temático y 40.000 viviendas de iniciativa privada que nunca se han llegado a construir. Para poder ponerlo en funcionamiento, el Consell ha tenido que dejarlo en manos de un concesionario, el grupo canadiense SNC-Lavalin, que se hará cargo de la explotación a cambio de cobrar alrededor de 2,8 millones al año.