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La Generalitat prohibirá la reventa de entradas por Internet

El Ejecutivo catalán podrá decomisar la entrada y su importe a los infractores

El proyecto de ley, en trámite parlamentario, se dirige a empresas y particulares

Ramon Espadaler, consejero de Interior, defiende el texto.
Ramon Espadaler, consejero de Interior, defiende el texto.

El Gobierno catalán prohibirá la venta y reventa de entradas de actividades lúdicas o culturales, tanto entre particulares como a través de plataformas tecnológicas, si la transacción no ha sido autorizada por sus organizadores. Así lo prevé el proyecto de ley de Ordenación de las Actividades de Espectáculos Públicos y Recreativos, que hoy ha superado su primer trámite parlamentario después de que los partidos de la oposición hayan decidido no presentar enmiendas a la totalidad del texto. El texto prevé el decomiso de los pases o abonos a quienes incumplan la norma y abre la puerta a posibles sanciones.

La norma que se debate en el Parlament, que sustituirá a la aprobada en 2009, contempla desde aspectos como la organización y realización de espectáculos públicos hasta las normas de seguridad y asistencia sanitaria de estos eventos. El consejero de Interior, Ramon Espadaler, ha defendido el texto porque, a su juicio, procura una “convivencia pacífica” de estos actos con el entorno, “apuesta por la calidad” y simplifica los trámites burocráticos.

El borrador entra a regular la comercialización de las entradas de los espectáculos y deja en manos de los “titulares, explotadores y organizadores” la posibilidad de reventa. Es decir, sin su autorización no pueden producirse transacciones. En caso contrario, “como medida cautelar”, la Administración catalana podrá proceder a la “retirada inmediata y el decomiso de las entradas y del dinero objeto de la transacción”. Ello no impedirá que los infractores luego puedan ser sancionados. El sector teme que esa medida pueda suponer una restricción de la competencia, puesto que los organizadores sí podrían tener sus empresas de reventa. El proyecto también contempla que la Generalitat pueda exigir a los organizadores de un evento que, en caso de suspensión de este, devuelva el dinero a quienes tenían una entrada. Además, prohíbe que estos puedan cobrar por las entradas un precio superior al que se haya publicitado.

El consejero delegado de Ticketbis, Jon Uriarte, considera que la venta de entradas "debería estar liberalizada", de modo que el mercado secundario de entradas no corra el riesgo de estar concentrado en pocas manos. A su juicio, España debería seguir el modelo de Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, que, dice, prohibieron la reventa callejera pero "vieron una oportunidad" en la venta de Internet para regular el sector.

La ley, en general, establece el régimen jurídico aplicable al sector de las actividades y espectáculos públicos, salvo las de carácter privado, las vecinales o las que estén dentro del Catálogo de Patrimonio Festivo de Cataluña. Los organizadores deberán presentar una comunicación previa para realizar sus actos, pero estarán sujetos a condiciones como respetar el aforo, cumplir con lo publicitado, no elaborar anuncios discriminatorios ni que inciten al consumo por parte de menores e informar "justificadamente" de cualquier cambio en el acto. Además, deberán tener personal de vigilancia y seguridad para garantizar el "control de acceso" y responder de "daños y perjuicios" que se puedan producir por la organización y el desarrollo de la actividad.

Los grupos de izquierdas han chocado con el Ejecutivo de CiU en las atribuciones que se dan a entidades privadas en materia de seguridad o inspección. La diputada de ERC Gemma Calvet ha citado, por ejemplo, los artículos 33 y 51 del borrador. El primero fija que la Generalitat puede "acreditar y habilitar entidades colaboradoras de la Administración para que emitan informes técnicos, certificaciones y actos de verificación y control en el marco de los procedimientos previstos". El artículo 51 habilita a "entidades colaboradoras" habilitadas por la Generalitat "colaborar" en la inspección. Calvet ha advertido de que "no es lo mismo" simplificar trámites que "delegar" funciones a estas entidades, pues se corre el riesgo de que puedan "usurpar funciones de la Administración pública".

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