Educación pagó por encima de lo autorizado a 130 centros concertados

La consejera de Educación, María José Català, defendió este martes que todos los fondos que la Generalitat destina a la enseñanza concertada “han seguido la tramitación administrativa oportuna y tienen la oportuna justificación”. Todos los recursos, añadió, se usan para impartir “enseñanza gratuita en este tipo de centros, de acuerdo con la normativa vigente”. Català se refirió en estos términos a la investigación que ha realizado la fiscalía sobre pagos irregulares a centros concertados.

Català añadió que la coalición Compromís realiza “un ataque continuo contra la escuela concertada”. Es cierto que inicialmente, esta fuerza política llevó el caso a la sección de delitos económicos y contra la corrupción de la Fiscalía de Valencia, pero ésta ha hecho suya la denuncia y la ha trasladado ya al juzgado de instrucción.

Parte de la información que maneja la Fiscalía procede de la Intervención General de la Generalitat, que entre otras cosas, advertía sobre el “elevado número de horas que exceden de las máximas que se deberían pagar a cada centro”. En un solo mes (abril de 2013) se comprobó que, de 419 centros consultados, se excedía en el pago de horas a 131 centros. El superávit horario (salvo desdobles) sumaba 4.442 horas. Si un profesor son 25 horas semanales y un salario bruto de 2.500 euros al mes, cualquiera puede hacer el cálculo anual de lo que costaría este exceso, de confirmarse, a la Administración.

Respecto el caso de los 10 “liberados” de la patronal que también denuncia la Fiscalía, el informe de la Intervención General es contundente en su análisis. “Si se tiene la voluntad política de financiar las actividades realizadas por el personal que desempeña su trabajo para las organizaciones empresariales, su abono se debe sustentar en el derecho administrativo”. El mecanismo utilizado “habitualmente”, continúa la Intervención, es el de las subvenciones, pero supone “una serie de requisitos” que “no se cumplen en la financiación de los llamados liberados patronales, ya que el pago se realiza de forma irregular por vía de hecho”.

Hasta diciembre de 2009, estas nóminas se pagaron sobre la base legal, según la consejería, de acuerdos con las organizaciones patronales “para la formación del profesorado en centros privados”. Desde 2010 ya no se han firmado convenios, pero “en la práctica” se ha seguido pagando “nóminas de los liberados patronales vía subvención genérica de conciertos y sin soporte legal que justificara su abono”.

La situación persiste en la actualidad, señala la Intervención, que califica de “ficticia” la figura del liberado patronal, por la que se paga “el sueldo a empleados que realizan una actividad no docente de gestión” en una de las organizaciones empresariales, “o en defensa de sus intereses”, como por ejemplo los servicios jurídicos o contables. En otra organización, “uno de los liberados tiene el cargo de secretario autonómico”. En algún caso, “a estas personas ni las conocen en los centros donde están adscritos”, señala el fiscal.

La Intervención ya objetó en 2009 que la retribución se haga “a través del pago delegado del personal contratado por los centros privados concertados”. En un intento de corregir la anomalía, en 2010 se fijó una línea nominativa en la Ley de Presupuestos “que quedó sin ejecutar”, aunque se ha seguido abonando estas nóminas.