La profunda mancha de la corrupción política
Los recursos interpuestos por las defensas frenan los casos judiciales más sonados
Las encuestas sitúan la corrupción política como uno de los principales problemas ciudadanos. La inquietud solo se entiende por la continua aparición de casos que afectan principalmente a CiU y PSC, los partidos que han tenido las mayores cotas de poder en Cataluña. El último recuento realizado por Europa Press hace dos meses cuantificó que en esta comunidad había 178 imputados en diversas causas. La mayoría se arrastran desde hace años y pueden tardar otro tanto hasta que haya sentencia firme a consecuencia de recursos, casi siempre de las defensas, que habitualmente no se atienden. Esta es la foto fija de cómo están algunos de esos procesos.
Pretoria. El entonces juez Baltasar Garzón destapó en octubre de 2009 un caso de corrupción urbanística en el área metropolitana de Barcelona. El fiscal presentó hace días escrito de acusación contra, entre otros, el exsecretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta, el exconsejero de CiU Macià Alavedrà, el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y el exdiputado del PSC Luis Andrés García Sáez (Luigi). Las defensas han recurrido el auto del juez Pablo Ruz que daba por concluida la investigación. La decisión que tome volverá a ser recurrida en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con lo que el juicio aún puede tardar un año en celebrarse.
Palau. En julio 2009 los Mossos entraron en el Palau de la Música de Barcelona para esclarecer un supuesto delito fiscal de sus gestores. En 2013, el tercero de los cuatro jueces del caso concluyó las investigaciones y señaló que Convergència Democràtica recibió 5,1 millones en comisiones de la constructora Ferrovial. Este partido, además, presentó su sede como aval de una fianza judicial de 3,2 millones. El caso ya podría estar juzgado de no ser por un recurso de la acción popular, que tardó un año en resolverse y sirvió para muy poco. Queda pendiente otro recurso del fiscal ante la Audiencia de Barcelona que puede tardar otro tanto. El saqueador confeso Fèlix Millet tiene ya 79 años.
Mercurio. Si los casos anteriores han tardado años en instruirse, este puede superar todas las previsiones. El Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell investiga un caso de corrupción urbanística desde noviembre de 2012 y lo dividió en 32 piezas. Solo se ha juzgado una, la que afectaba al exalcalde socialista de Sabadell Manuel Bustos, a su hermano Francisco, así como al exdiputado del PSC Daniel Fernández y a la alcaldesa de este partido en Montcada i Reixach. Hay otra pieza muy avanzada que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y que afecta a la diputada del PSC en el Parlament Montserrat Capdevila, por sus viajes a Madrid con cargo a la tarjeta de crédito institucional. Existen, además, otras tres piezas separadas que imputan a unos 50 alcaldes y concejales o exconcejales de casi todos los partidos por dietas o los regalos percibidos como representantes de la Federación de Municipios de Cataluña en 2011 y 2012.
CatalunyaCaixa. El Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona cerró hace mes y medio la investigación iniciada en 2013 y envió al banquillo a 41 personas por los aumentos salariales asignados a los directivos dela entidad cuando estaba al borde de la quiebra y recibió dinero del Estado. Entre ellos, el expresidente de la entidad Narcís Serra y el directivo Adolf Todó. Algunas defensas han recurrido el auto judicial. Cuando resuelva el juez, cabe otro recurso ante la Audiencia de Barcelona, que tardará en resolverse un mínimo de un año.
ITV. Las escuchas telefónica ordenadas por un juzgado de Galicia en el caso Campeón que salpicó al implicó al exministro José Blanco acabaron con una derivada en Barcelona en marzo de 2012. El Juzgado de Instrucción 9 abrió varias piezas separadas, dos de las cuales afectan a Oriol Pujol, el exdirigente y exparlamentario de CiU que ha puesto fin a su carrera política por este proceso. Está acusado de cohecho y tráfico de influencias por mediar con empresarios para favorecer sus intereses y por asesorar en la deslocalización de empresas de Cataluña. Artur Mas ha acabado salpicado por un asunto que ha ido y ha vuelto por el aforamiento de Pujol. Hay investigación pendiente para meses en un caso que, con otra derivada, acabó en la condena del magistrado del TSJC Joaquín José Ortiz.
Pujol. El caso que investiga el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona desde que Jordi Pujol confesara su fortuna oculta el pasado mes de julio es el más mediático, porque afecta al expresidente catalán, a su esposa y a tres de sus hijos, acusados de delito fiscal y blanqueo de capitales. Hay investigación para rato porque las acusaciones pretenden ampliar la indagación y la juez intenta acotarla.
Catalunya i Territori. El fiscal presentó escrito de acusación hace ya nueve meses contra tres exresponsables de una fundación que lleva ese nombre y que pudo servir para desviar dinero a Unió Democràtica. El caso arrancó en 2010 y también podría estar ya juzgado de no ser por los recursos de la defensas contra la decisión del juez de enviar al banquillo a los acusados.
Clotilde. El asunto que implica al diputado de CiU y alcalde de Lloret Xavier Crespo se investiga en el TSJC desde hace dos años por su presunta vinculación con la mafia rusa. El caso es una derivada de otro asunto que se tramita en la Audiencia Nacional y está muy avanzado en su investigación.
