Alaya declara secreta la causa de la formación tras ver “bolsas de fraude”

En silencio, este invierno la juez Mercedes Alaya ha pisado el acelerador en el caso de los cursos de formación. Con tal ímpetu que ha decretado el secreto de parte de las actuaciones, para que así la Guardia Civil investigue sin interferencias. Esta drástica medida denota que los indicios poseen gran trascendencia. En plena precampaña, los cursos de formación amenazan con teñir de escándalo esta primavera de elecciones. El acelerón de Alaya es tal que en solo 10 meses ha acumulado la friolera de 34.667 folios (102 tomos), un tercio del volumen del sumario (sin anexos) del caso ERE, iniciado hace cuatro años.

Con solo los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda como imputados, la juez ha avanzado con sigilo en su instrucción por malversación y prevaricación que cuestiona los fondos destinados por la Junta a la formación profesional para el empleo, que pueden superar los 3.000 millones entre 2004 y 2011. Estas partidas fueron una herramienta clave en la lucha del Ejecutivo contra el desempleo, de ahí su volumen.

Tras las pasadas Navidades, la instructora recibió un atestado de los agentes sobre las “graves irregularidades” detectadas en la concesión y control de estos fondos. Dos semanas después Alaya decretó el secreto parcial del caso al detectar “bolsas de fraude”. La instructora resalta la existencia de “entramados empresariales beneficiados” por estas ayudas millonarias que concedió la Consejería de Empleo, unos empresarios que ahora investiga la Guardia Civil. A continuación, destaca los “fraudes” provocados por las ayudas directas a 14 consorcios para formar trabajadores especializados. Estos consorcios tienen participación de la Junta y Diputaciones y Ayuntamientos a los que ahora el Gobierno andaluz reclama fondos por mala gestión.

En el centro de la diana de este último auto, la juez sitúa a la fundación pública Faffe, nutrida con subvenciones por parte de Empleo y el SAE desde su nacimiento en 2003 y hasta su cierre en 2011. La juez ya preguntó a l testigo estrella de la causa, el funcionario Teodoro Montes, si el PSOE se financiaba con cargo a los fondos destinados a la Faffe, sin aportar indicio alguno. Ahora Alaya ordena a la Agencia Tributaria que aclare todos los movimientos de las cuentas bancarias de la Faffe, así como todas las relaciones comerciales con empresas de la fundación, “para esclarecer el verdadero destino y uso de los fondos”, afirman los investigadores. Además, ordena a la Junta que le entregue a la Guardia Civil la relación de puestos de trabajo y cargos directivos, presupuestos y planes de actuación entre 2003 y 2011.

En definitiva, un completo escáner para analizar hasta el último euro de la gestión de esta fundación pública. Alaya subraya que esta entidad “llegó a convertirse en un instrumento de Empleo y el SAE de dimensiones extraordinarias, con personal empleado que se contaba por varios miles y con sueldos muy elevados”. Durante años, los funcionarios de Empleo denunciaron la práctica habitual de contratar a técnicos cercanos a los trabajadores que ya estaban en Faffe, en ocasiones vinculados al PSOE.

Mientras, Alaya subraya en su auto las ayudas destinadas a los extrabajadores de la factoría clausurada Delphi en Cádiz. La juez hace hincapié en siete subvenciones concedidas a la Faffe por 35,9 millones que revelan “importantes irregularidades” para la formación y otras por 70 millones para la contratación. Además, recuerda la censura de la Cámara de Cuentas sobre los pagos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a los consorcios, que presuntamente “incumplían todas las condiciones y requisitos”. Alaya le pide a la Consejería de Educación que le informe sobre las subvenciones y destaca las exoneraciones, permitidas por ley, que pudieron provocar “gastos inflados o inexistentes” por parte de los empresarios beneficiados.

El atestado de la Guardia Civil es el apoyo esencial de Alaya, que por ahora pospone nuevas imputaciones. A su vez, para sustentar sus pesquisas los agentes destacan el valor de los testimonios de Montes, el ex director general de Formación Carlos Cañavate y su subordinada Rocío Gutiérrez. Los agentes cuestionan el escaso control de las ayudas y la subrogación en la que incurrieron las empresas. “Sucesivas subcontrataciones que requirieron facturas falsificadas para justificar costes subvencionables”.