Dignidad y Justicia se querella contra Arraiz por ultraje a España

Dignidad y Justicia, asociación presidida por Daniel Portero, ha presentado querella ante la Sala Civil y Penal del TSJPV contra el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, por supuestas "amenazas e injurias" contra la Guardia Civil y "ultraje a España", por su emplazamiento a dar "jaque mate" al instituto armado y por llamar "terrorista" al Estado español.

En su escrito, la asociación querellante pide que se cite a declarar a Arraiz y recuerda "la persecución" que ha sufrido el instituto armado por parte de ETA, que ha asesinado a "más de 200 guardias civiles".

Asimismo, destaca que ha sido una reivindicación histórica de la banda armada "la expulsión" de las FSE de Euskadi, por lo que reclama que se soliciten informes a la Unidad Central de Inteligencia (UCI), al Servicio de Información de la Guardia Civil y a la Ertzaintza que corroboren sus argumentos.

Aunque el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, incoó diligencias de investigación contra Arraiz después de que éste realizara estas declaraciones a partir de la operación 'Mate' desarrollada por la Guardia Civil el 12 de enero --en la que se detuvo a 16 personas, entre ellas doce abogados de presos de ETA--, Dignidad y Justicia considera que el ministerio público podría archivar la investigación, por lo que ha decidido querellarse contra el líder de la izquierda abertzale ante la Sala Civil y Penal del TSJPV.

Dignidad y Justicia subraya que los arrestados fueron puestos a disposición judicial "en los días sucesivos, habiendo quedado en libertad los doce abogados, pero con importantes medidas cautelares y todos ellos imputados por delitos de pertenencia o colaboración con banda armada, delito de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública durante los ejercicios de los años 2012 y 2013".

De esta forma, recuerda que, en concreto, se les acusa "de haber ocultado al fisco unos ingresos superiores a 1.300.000 euros durante los años 2012 y 2013, procedentes de la asistencia jurídica a miembros del colectivo de presos de ETA", así como de formar "una estructura organizada que, aprovechando la cobertura que les otorga su actividad profesional, ejercían sus funciones siguiendo las directrices marcadas por la banda terrorista y participando activamente en el mantenimiento del adoctrinamiento ideológico".

De esta forma, señala que estos letrados informarían "permanentemente a la dirección de la banda de la situación personal, jurídica y del compromiso de los presos con los postulados de la banda, trasladando a los presos las directrices e instrucciones de la propia organización terrorista".

Ante el operativo, Hasier Arraiz compareció en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián en la que aseguró que "el Estado español emplea, una y otra vez, la venganza contra Euskal Herria". "Estamos, entonces, ante un Estado terrorista", aseveró.

Asimismo, destacó que la operación de la Guardia Civil "es parte de la política penitenciaria criminal del Estado Español cuyo único objetivo es quitar todo tipo de sustento, todo tipo de apoyo a las presos políticos vascos".

"A esta operación --prosiguió Arraiz-- le han dado el nombre de 'Mate' porque complementa a otra anterior que se llamaba 'Jaque'. Pues nosotros hoy les decimos que es el momento que este pueblo dé 'jaque mate' a la Guardia Civil, es el momento de que se vayan de Euskal Herria".

Dignidad y Justicia remarca que, "lejos de retractarse de las anteriores manifestaciones, Hasier Arraiz Barbadillo, el 14 de enero volvió a comparecer ante los medios de comunicación, para apuntar que, "en el actual escenario político vasco, la única violencia es la del Estado Español" y "la única amenaza violenta es la de la Guardia Civil y resto de cuerpos represivos del Estado".

Para Arraiz, el operativo no tuvo "ningún sentido más que la venganza", el "robo" del dinero que el lunes se incautó la Guardia Civil en la sede del sindicato LAB de Bilbao, recogido en la manifestación del pasado sábado contra la dispersión de los reclusos de ETA.

Para Dignidad y Justicia, las manifestaciones del presidente de Sortu sólo "pueden ser entendidas como absolutamente ofensivas, injuriosas, vilipendiantes e intimidantes, encaminadas a desprestigiar, no sólo al Estado Español y su forma política, sino también el buen nombre de una institución que vela por el mantenimiento del orden público y la paz social, como es la Guardia Civil, así como por la seguridad de las personas precisamente de peligros tales como es el terrorismo".

Por ello, cree que los hechos, en principio, son constitutivos de un delito de "ultraje a España", previsto en el artículo 543 del Código Penal, y de un delito de "injurias y amenazas graves" a la Guardia Civil penado en el artículo 504.2 del Código Penal.

A su juicio, es necesario "tener en cuenta las circunstancias y contexto en el que se realizan dichas manifestaciones, que es durante el desarrollo de una operación antiterrorista a instancias de la autoridad judicial, en la que el querellado convocó una rueda de prensa expresamente por la operación acaecida, con la cobertura de un gran número de medios de comunicación y, con un texto previamente elaborado y, por lo tanto, meditadas las manifestaciones realizadas", no fruto de la improvisación.

Además, considera que estas declaraciones son "graves" y tienen "una clara intención de privar, de una manera absolutamente injustificada, tanto al Estado Español como a una institución como la Guardia Civil, de las notas o características que permiten justificar su condición democrática, imputándose a las mismas, de forma inveraz, la realización de conductas lesivas de los derechos fundamentales", lo que lesionaría su "prestigio, tanto nacional como institucional".

También cree que constituyen "una clara amenaza" para la Guardia Civil, ya que Arraiz "hizo un llamamiento al pueblo vasco, a modo de arenga, a darle 'jaque mate' que, en sentido figurado, viene a traducirse como 'darle muerte', así como invitar a los habitantes de dicha Comunidad Autónoma a expulsarles de Euskal Herria".

Dignidad y Justicia cree que las palabras del líder de Sortu tienen "gravedad y entidad suficiente como para atemorizar a dicho Cuerpo de Seguridad del Estado", teniendo en cuenta "la persecución que, durante más de cinco décadas, ha sufrido por parte de ETA, resultando asesinados más de 200 guardias civiles".

En esta línea, recuerda que "la expulsión" de las FSE de Euskadi es "una vieja reivindicación de dicha organización terrorista" y la Guardia Civil "ha sido tradicionalmente un objetivo permanente de ETA".

La asociación indica que las prerrogativas parlamentarias "han de ser interpretadas estrictamente para no devenir privilegios que puedan lesionar derechos fundamentales de terceros". En esta línea, apunta que este precepto pretende "la protección de la libre discusión y decisión parlamentarias, decayendo cuando los actos han sido realizados por su autor en calidad de ciudadano (y de político incluso), fuera del ejercicio de competencias y funciones que le pudieran corresponder como parlamentario".

En su opinión, "es evidente que la inviolabilidad está sujeta a límites", y en ella, "no pueden encontrar amparo ni las calumnias ni las injurias ni conceptos ofensivos contra personas o instituciones ni apología para la comisión de delitos o la justificación de los mismas, pues tales manifestaciones mal pueden contribuir al ejercicio de las funciones parlamentarias".