El Tribunal Superior procesa a Pachi Vázquez por 37 supuestos enchufes

Una década después de abandonar la alcaldía de su pueblo, decenas de contratos temporales formalizados, según el juez, “al margen de todo procedimiento administrativo” que, en algunos casos, fueron convertidos en indefinidos, ponen a Pachi Vázquez contra las cuerdas. El diputado autonómico y exsecretario general del PSdeG ha sido procesado por, supuestamente, enchufar a 37 personas “sin una mínima acreditación del mérito y la capacidad y sin publicidad alguna” en el Ayuntamiento de O Carballiño (Ourense), donde fue regidor entre 1995 y 2005. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) notificó ayer un auto con el que acuerda su procesamiento, tras la querella del fiscal por un presunto delito de prevaricación continuada. Vázquez deberá declarar por segunda vez la semana próxima, ya que la instrucción no finaliza con este auto. De ahí que la dirección del PSdeG esperará a conocer si Vázquez va a juicio antes de pedirle que abandone su escaño en el Parlamento gallego

 El juez asume la teoría del ministerio público y centra su argumentación en dos decretos de 2004 y 2005 que considera “máximo exponente” de las supuestas ilegalidades. Con el primero, convirtió en indefinidos a seis empleados “sin ningún procedimiento o justificación amparada legítimamente en el ordenamiento jurídico” tras haberlos contratado de forma temporal “sin ningún amparo legal”. Con la segunda resolución, a propuesta del edil de personal, acordó la contratación de 31 trabajadores durante un año, también sin justificación y al margen de la ley, según el TSXG.

Vázquez, en declaraciones a EL PAÍS, asegura “respetar” a la justicia aunque no “comparte” las acusaciones del juez porque “solo dan pábulo a la teoría de la fiscalía”. El diputado, que hoy asistirá a un pleno monográfico sobre corrupción en el Parlamento, va a recurrir “a todos los sistemas posibles” para demostrar que no hay ilegalidad alguna. “Voy a dar la batalla mañana mismo para demostrar mi inocencia”, insiste. Además, señala al Ayuntamiento de O Carballiño, ahora en manos del PP, como inductor de su delicada situación judicial: “Alguien del consistorio no está enviando la documentación que certifica la absoluta legalidad de los contratos. Es increíble porque yo ya encontré 12 expedientes que la secretaria municipal dice no encontrar”.

La defensa del diputado socialista argumentó que los expedientes de esos procesos selectivos habían desaparecido del archivo municipal, pero el magistrado concluye que no existe “ningún indicio con la mínima solidez necesaria de sustracción, extravío o destrucción por incendio, inundación o cualquier otra calamidad de fuerza mayor o caso fortuito”. También destacó el abogado de Vázquez la inexistencia de reparos de legalidad a los contratos por parte del interventor y del secretario municipales. Sin embargo, el tribunal afirma que “es solo parcialmente cierto” porque existen dos dictámenes desfavorables y porque “no pidió ningún asesoramiento legal en cuanto a la contratación de personal” para “colocarse deliberada e inexcusablemente en tal situación de ignorancia”, a pesar de su “superior cualificación profesional y su dilatada experiencia en cargos de alta responsabilidad política”.

El juez instructor entiende que el procedimiento empleado para contratar a 37 personas puede ser constitutivo de un delito de prevaricación porque “las afirmaciones contenidas en la querella del ministerio público, apoyadas en la documental pertinente, han ido adquiriendo visos de verosimilitud”. Entre los supuestos enchufados hay un capataz, un conserje para el polideportivo, una conserje-limpiadora, cinco auxiliares de ayuda a domicilio, cuatro peones de limpieza y residuos, un mecánico, tres albañiles, un electricista, un pintor, dos peones, un carpintero, dos policías y dos auxiliares de policía, dos limpiadoras, un licenciado en matemáticas y otra en empresariales, un monitor deportivo, un psicólogo, una educadora social, un chofer, un locutor-redactor que también era encargado de instalaciones deportivas, una monitora de turismo e incluso una mujer contratada con categoría profesional de auxiliar de clínica, que luego fue recontratada como auxiliar administrativo y que ahora es personal indefinido. El auto concluye la existencia de un “sistemático proceder" que ha provocado una anómala situación en la plantilla municipal.