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El juez archiva la querella del PP contra el alcalde de O Barco

Los populares denunciaron la prórroga irregular de contratos municipales

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de O Barco de Valdeorras (Ourense) ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra el alcalde de esta localidad y vicepresidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, por falta de pruebas, tras la denuncia presentada por el grupo municipal del PP por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación en dos concesiones —la ORA y la limpieza de edificios— prestadas sin contrato durante años. El auto, que no es firme y contra el que todavía cabe recurso, concluye que ninguno de los dos delitos por los que el regidor fue imputado ha sido debidamente acreditado, aunque advierte de la existencia de supuestas irregularidades administrativas en la gestión municipal que, según el propio auto detalla, finalmente fueron solucionadas por el gobierno local.

Tras las diligencias de investigación practicadas, el juez afirma que “no resulta debidamente justificada perpetración del delito [de prevaricación]”, aunque detalla la “existencia de contratos en precario, esto es, contratos administrativos que se prolongan en el tiempo de forma indebida” lo que, en opinión del magistrado, sería constitutivo de una “hipotética irregularidad administrativa que no ostenta la entidad propia para integrar el tipo penal”. Además, afirma no haber hallado “ninguna evidencia de malversación de fondos público” porque la contrata de la zona ORA es “a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria”, mientras que en la concesión de la limpieza de edificios públicos municipales “la intervención nunca ha detectado que se sufragase ningún servicio prestado de forma real”.

Según la denuncia, durante cinco años, los vecinos de O Barco pagaron multas y tasas por aparcar sus vehículos en la vía pública a Dornier, SA, una sociedad perteneciente a la multinacional Empark, con el contrato expirado. Simultáneamente y durante 30 meses, el gobierno socialista abonó 300.000 euros a la empresa Limpiezas Valdeorras (Limpival) con el contrato también caducado. Los hechos ahora sobreseídos provisionalmente ya fueron llevados anteriormente por los populares ante la Fiscalía, que tampoco halló indicios delictivos en el proceder del regidor, que en todo momento defendió la legalidad de su actuación, achacando la situación de precariedad de las contratas a la ausencia de técnicos municipales en el consistorio, lo que le habría impedido su renovación en tiempo y forma.

Tras conocerse el archivo provisional, García ha calificado a los ediles del PP que llevaron el caso ante la justicia como “malos, ruines y miserables” y se ha preguntado si “hay derecho a que siete concejales causen tanto dolor de forma innecesaria, por su incapacidad para ganarse el favor de los barquenses de forma innecesaria y a sabiendas que estaban faltando a la verdad”. Además, ha recordado a los vecinos que “creían y creen en mí, en mi honestidad y honradez y que se han visto sometidos a un acoso por parte de gente sin escrúpulos”, asegurando que, entre esos vecinos que le han mostrado su apoyo, se encuentran militantes del PP “avergonzados por la forma de hacer política de estos siete concejales”. El alcalde asevera: “Hace 16 años me presenté a las elecciones diciendo que la política es un arte noble y ético, y 16 años después el fiscal jefe, el ministerio fiscal y el juez dicen que soy honrado, honesto y ético, y estos valores, junto con los del trabajo, son las únicas banderas de las que me veréis rodea

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