La Junta reclama 31 millones a la comunidad de regantes investigada
La entidad paraliza en los tribunales el reintegro de fondos que exige Agricultura
La Junta exige a los mil agricultores socios de la comunidad de regantes Marismas del Guadalquivir que devuelvan 31 millones concedidos en una subvención para modernizar una red de riego en la provincia de Sevilla. El fraude está judicializado y ahora la Guardia Civil ata cabos para presentarlos ante el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla y así ampliar las acusaciones iniciales. La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) ya ha alertado al juez de que ve delitos y ha exigido los 11 millones que aportó para la ayuda, tras estudiar el caso durante dos años. Sin embargo, en paralelo a la investigación policial y de Bruselas, la Consejería de Agricultura inició en 2012 la vía administrativa para recuperar gran parte de la subvención de una obra inconclusa y ejecutada solo al 60% tras una década de fiasco.
La comunidad de regantes aportó al proyecto 20 millones y recibió ayudas públicas por 40 millones en 2004. Tras ocho años y varios aplazamientos que no lograron culminar los trabajos, la Dirección General de Estructuras Agrarias dijo basta y abrió en 2012 un expediente de retirada de la subvención para recuperar el dinero. Tras dos años de procedimiento administrativo con las alegaciones de los regantes, en mayo de 2014 se llegó a la resolución de reintegro por 25,9 millones.
“No sé quién se llevó el dinero”
“Soy incapaz de decir quién se llevó el dinero. Si hubo amaño por detrás, lo desconozco”. El director de la comunidad de regantes Marismas del Guadalquivir hasta 2008, Diego García Santos, imputado en el caso, ha echado balones fuera sobre su implicación en el desvío de fondos públicos.
La clave del caso está en el supuesto amaño del concurso público que adjudicó las obras a una empresa que no presentaba la mejor oferta económica. Tal y como demuestra el duro informe de la OLAF, la adjudicación a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Befesa-Alpi ofrece indicios claros de que dicha UTE mantuvo “lazos con el órgano de contratación”. Los pinchazos de la Guardia Civil ofrecen pistas de estos supuestos amaños entre los empresarios, los directivos de la comunidad de regantes y funcionarios de la Junta que visaban el proyecto.
“La dirección de obra certificaba, luego el inspector de la Junta ratificaba y al final el secretario y yo firmábamos”, alega García, que exculpa su gestión: “Cuando yo me fui se armó la marimorena”.
La modernización del sistema de riego, aún en el aire, persigue pasar de las acequias y canaletas a un sistema de agua presurizada para unir las hortalizas a los cultivos tradicionales de algodón, maíz o remolacha.
La comunidad de regantes tiene mil socios con 12.836 hectáreas repartidas entre Utrera, Los Palacios, Las Cabezas de San Juan y Dos Hermanas. Ahora la modernización de las infraestructuras para mejorar sus cultivos tiene un difícil camino por delante, dada la reclamación firme de la Junta y Bruselas. La vía administrativa finalizó y pasó a los tribunales, aunque la ejecución de los avales pende de un hilo. Mientras, los investigadores peinan el rastro del dinero para dar respuestas.
Las subvenciones tenían sus correspondientes avales bancarios que podía ejecutar la Junta, por lo que esta dictó resolución el pasado octubre para la incautación de dichos avales, y a continuación la Agencia Tributaria de Andalucía emitió una providencia de apremio a la comunidad de regantes para proceder a la devolución del dinero, que tras el recargo de apremio sumaba ya 31 millones. Cuando ya se iba a proceder a ejecutar los avales de La Caixa [avalista de la concesión de la subvención], en última instancia los regantes acudieron a los tribunales. En diciembre un juez de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) dio la razón a los regantes y paralizó el reintegro de la polémica ayuda.
“La Junta ha dado todos los pasos que cabe dar para recuperar el dinero y ha llegado hasta el final del procedimiento administrativo”, señalan fuentes de la Consejería de Agricultura. Por esta subvención, los regantes mantienen abiertos dos procesos contencioso-administrativos, aunque uno de ellos es menor, y asciende solo a 300.000 euros por una desviación en la ejecución de la obra.
Los regantes mantienen que aún pueden remontar el vuelo, estabilizar su situación financiera, y acabar de una vez por todas la modernización del sistema de regadío. “Pedimos una ampliación del plazo para finalizar la obra. La Junta no entiende los motivos y simplemente no nos contestó a la última ampliación. Tras un silencio administrativo nos llegó la denegación del plazo, luego la reclamación y finalmente la ejecución de los avales”, se lamenta un miembro de la Junta de Gobierno de la comunidad de regantes.
Los problemas se iniciaron bajo la presidencia en la entidad de Diego García Santos y con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Befesa-Alpi por obras irrealizadas y un desvío de dinero cuya cuantía final detallará la investigación judicial. Tras el cambio de Junta de Gobierno en la comunidad de regantes en 2008, la nueva cúpula denunció entre 2010 y 2011 la gestión irregular que había heredado ante la fiscalía, la Junta y la OLAF. Eso sí, su denuncia no paralizó la devolución del dinero que exige la Consejería de Agricultura.
Ahora el instructor Juan Gutiérrez determinará la implicación en el fraude millonario de los exdirigentes de la comunidad de regantes, de funcionarios y ex altos cargos de la Junta y de los empresarios de la UTE que ejecutaron el espejismo de una obra para modernizar el riego.
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