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10 millones para aplicar la ley de Memoria Democrática

La norma asume gran parte de las recomendaciones realizadas por el Consejo Consultivo

"Es una ley superadora”. “De marcada sensibilidad y compromiso”. Con estas palabras el vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU), ha defenido la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, cuyo proyecto ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno. Entre otras medidas, la normativa autoriza al Gobierno andaluz a ocupar “temporalmente” terrenos privados para la exhumación de fosas y obliga a las instituciones a retirar todos los símbolos del franquismo en 18 meses. “En Andalucía, elevamos la memoria democrática a la categoría de política pública. Ninguna fosa quedará sin abrir y ningún cuerpo sin exhumar si así lo piden los familiares”, ha asegurado Valderas.

La ley, que nace con un presupuesto de 10 millones para los próximos cinco años, asume gran parte de las recomendaciones realizadas en diciembre por el Consejo Consultivo de Andalucía. Así, reconoce el movimiento memorialista, elimina la figura de la desaparición forzosa, incluye el estudio de la memoria democrática en todos los niveles educativos y respeta que la anulación de sentencias franquistas, como la que sufrió Blas Infante, considerado padre de la patria andaluza, es competencia exclusiva del Gobierno de Mariano Rajoy. “Pese a ello, Andalucía seguirá exigiendo al Gobierno central que anule dicha sentencia”, ha afirmado Valderas.

Entre otras medidas, la ley también obliga a la Junta a realizar diligencias para la “localización, exhumación e identificación de las víctimas andaluzas del franquismo”. Para ello, se establecerá un protocolo de actuación, en concordancia con lo establecido por Naciones Unidas, y la creación de un banco de ADN. Asimismo, la norma amplía el catálogo de víctimas al incluir a los familiares, a los niños robados o quienes sufrieron la tortura de estar en los campos de exterminio nazi.

En el capítulo de sanciones, la nueva normativa contempla multas de hasta 150.000 euros por “parcelar, edificar o demoler” en zonas catalogadas como Lugares de Memoria Históricas. Asimismo, se sancionará con hasta 10.000 euros a aquellas instituciones que, en el plazo de 18 meses, no retire sus símbolos franquistas. Además, se castigará con hasta 2.000 euros a los ciudadanos que exhiban este tipo de placas, escudos, insignias u otros elementos. La Junta no subvencionará a aquellas instituciones o personas que hayan sido sancionadas.