Fomento prohíbe a dos peritos declarar por un accidente aéreo

Los dos técnicos encargados del mantenimiento de un helicóptero que se estrelló en 2006 en un bosque del municipio de Torre de Capdella (Pallars Jussà), con el resultado de cuatro personas muertas, han declarado esta mañana en la primera sesión del juicio que hicieron todas las revisiones reglamentarias y previstas en el manual de mantenimiento del aparato, perteneciente a una empresa francesa. Mañana toca el turno de los peritos propuestos por las partes. El juez ha pedido su comparecencia para  trata de determinar las causas del accidente del helicóptero ocurrido en 2006. Sin embargo, dos de los peritos citados por el fiscal, José M.M.S. y Francisco S.R. no han sido autorizados para emitir su informe sobre el siniestro.

El pleno celebrado el pasado 17 de diciembre por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), adscrita a la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, acordó no otorgar permiso expreso a los dos técnicos para que expliquen en el juicio los datos obtenidos y, en su caso, aclaren las circunstancias del informe técnico elaborado sobre el accidente.

La investigación de la comisión tiene un carácter exclusivamente técnico y su fin no es determinar ni establecer culpa o responsabilidad de tipo alguno en los accidentes aéreos, según señala en su página web. En este caso, Fomento se ampara para impedir que los técnicos declaren en la vista oral como peritos en los artículos 18 y 19 de la Ley de Seguridad Aérea, donde se establece el carácter reservado de los datos e información obtenida en la investigación técnica de los accidentes o incidentes en la aviación civil. La misma ley señala que los obligados a facilitar la información podrán solicitar a los órganos judiciales o al Ministerio Fiscal que “mantengan el carácter reservado de esa información y que adopten las medidas pertinentes para garantizar la reserva durante la sustantación del proceso”. El órgano judicial podrá adoptar cuantas medidas procedan para proteger la información y, en particular, podrá prohibir su publicación o comunicación.

Esta mañana, en la primera sesión del juicio, los acusados Juan Carlos M. y Denis F. han respondido solo a las preguntas de los abogados y han asegurado que hicieron todas las revisiones que fijan los protocolos de aeronavegabilidad. Y han añadido que la última inspección, la correspondiente a las 25 horas de vuelo, se realizó cinco días antes del accidente y en la misma no se detectó ninguna anomalía mecánica. Además, el helicóptero también había sido revisado por el Servicio de Aviación de Francia.

El fiscal solicita para los acusados tres años y tres meses de prisión para cada uno como presuntos responsables de cuatro delitos de homicidio por imprudencia profesional. La acusación pública considera que la causa del accidente fue “el inexistente y/o defectuoso mantenimiento de la aeronave”.

El fiscal ha puesto de manifiesto, entre otras irregularidades, que el técnico Denis F. falseó el libro de mantenimiento sin haber realizado personalmente la revisión al tener el brazo escayolado. El trabajo lo hizo el otro acusado, que según el director técnico de Helicasa, la empresa que alquiló el aparato, estaba capacitado para ello.

El accidente tuvo lugar sobre las 13,50 horas del día 25 de abril de 2006 a un kilómetro de la localidad de La Pobleta de Bellvei, cuando un helicóptero que revisaba el estado de la línea eléctrica de alta tensión que conecta las estaciones de Sentmenat y Sallent se precipitó contra el suelo y se incendió. En el siniestro murieron el piloto, un operario de cámara y dos técnicos de Red Eléctrica Española.

En el momento del siniestro, las condiciones meteorológicas en la zona eran normales y no existían circunstancias imprevistas o extraordinarias que impidiesen o dificultasen volar en helicóptero. El fiscal señala en su escrito de acusación que la causa directa e inmediata fue el desprendimiento en vuelo de la rueda libre del aparato debido al fallo por fatiga de los tornillos y de la pestaña que conforman la conexión de ésta al acoplamiento con el motor, que interrumpió la aplicación de potencia al rotor principal.

El fiscal enumera otros fallos en el mantenimiento del aparato siniestrado, como que entre mayo de 2005 y marzo de 2006 solo voló un total de 17 horas y durante 11 meses estuvo estacionado a la intemperie en el Aeródromo de Perpignan-Rivesaltes, con una humedad media relativa del 64%. La única protección durante ese tiempo fue una lona que cubría básicamente el motor, mientras que el mástil y la caja de transmisión principal estuvieron desprotegidos. Como consecuencia de esos incumplimientos se originó, a juicio del fiscal, la aparición de un proceso de corrosión generalizado en el interior de la rueda libre, desgaste en los dientes de los engranajes y otros elementos internos.