La juez autoriza derribar la fábrica de Delphi y agrava el conflicto

Las naves de Delphi deben desaparecer. Lo dijeron los administradores concursales que ahora gestionan la fábrica de Puerto Real (Cádiz) cerrada desde hace casi ocho años. Y ahora lo dice también María del Castillo Mendaro, la juez de lo mercantil de Cádiz, quien está convencida de que mantener en pie estas naves solo empeorará la situación económica y alejará una solución para los acreedores. Los sindicatos, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía rechazan esta medida porque ven en la supervivencia de los edificios una salida más fácil a esos suelos que si se convirtieran en un solar vacío más en la bahía. El gobierno local, UGT, USO ya han confirmado que recurrirán este auto. La pronunciación de la Junta queda pendiente.

Delphi cerró sus puertas en 2007. La multinacional de automación abandonó Cádiz tras más de dos décadas dando trabajo a más de 1.500 personas. Su clausura dio pie después a decisiones políticas que todavía hoy siguen pesando. El Gobierno andaluz aprobó un tratamiento especial para los despedidos que continúa pagándose, un plan impensable en esta coyuntura. A pesar de ese dispositivo singular, el colectivo de extrabajadores sigue reclamando otra solución porque más de 600 siguen sin empleo.

La liquidación de la empresa está siendo gestionada desde 2007 por tres administradores concursales. Su deber es conseguir atender la veintena de acreedores de Delphi que están reclamando más de 10 millones de euros. Durante todos estos años han creído que la solución pasaba por la venta de los suelos y sus naves a una empresa interesada en montar otro negocio o bien a la Administración pública. En estos casi ocho años solo una empresa se ha instalado allí para ocupar una parcela de 39.000 metros cuadrados del total de 250.000 para montar una planta de reciclaje.

El plan de liquidación de Delphi, elaborado en 2009, valoró los terrenos y edificios de Delphi en 44 millones de euros. Pero mantenerlos en pie ha costado más de dos millones. Así que los administradores concursales pidieron el año pasado a la juez permiso para derribar las naves. La petición ha sido ahora atendida, varios meses después, en un auto. “El proceso de liquidación concursal no puede eternizarse en el tiempo. La realidad se impone. En estos momentos, y desde febrero de 2013, no existe una oferta económica para la transmisión de las instalaciones”, argumenta Del Castillo. “Las condiciones del mercado son las que son en cada momento y a tales circunstancias se ha de adaptar el proceso de realización sin esperar mejores circunstancias”, añade en el documento.

La juez concreta que en los últimos cuatro años se han generado 2.324.380,08 euros de gastos en seguridad, vigilancia, reparaciones y conservación, primas de seguro, suministro de energía eléctrica y agua, salarios y seguridad social e impuestos municipales. “Son gastos ineludibles que, al ser mínimos, no han impedido que se produzcan actos vandálicos ni que se deterioren las instalaciones”. De este modo, Del Castillo da por buena la propuesta de los administradores.

La juez incide en el texto en el fracaso político para encontrar un comprador. “El tiempo transcurrido solo ha ido en detrimento del valor de las instalaciones por la crisis del mercado y ha afectado también al ámbito industrial”. La juez sí defiende el papel “acertado” de los administradores para difundir “entre sectores y empresas con posibilidades reales de adquirirlas y en el público general” su venta. Para la juez, existen varios motivos que explica ese escaso interés: “Son instalaciones obsoletas y anticuadas”. Por eso defiende el derribo como “el medio idóneo” y da de plazo dos semanas para solicitar ofertas para acometer el derribo. Cree que en dos meses podría estar escogida la empresa y acometer la demolición.