La juez autoriza derribar la fábrica de Delphi y agrava el conflicto

Puerto Real, UGT y USO se oponen a la demolición y recurrirán el auto

Fachada de la antigua factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz).
Fachada de la antigua factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz).eduardo ruiz

Las naves de Delphi deben desaparecer. Lo dijeron los administradores concursales que ahora gestionan la fábrica de Puerto Real (Cádiz) cerrada desde hace casi ocho años. Y ahora lo dice también María del Castillo Mendaro, la juez de lo mercantil de Cádiz, quien está convencida de que mantener en pie estas naves solo empeorará la situación económica y alejará una solución para los acreedores. Los sindicatos, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía rechazan esta medida porque ven en la supervivencia de los edificios una salida más fácil a esos suelos que si se convirtieran en un solar vacío más en la bahía. El gobierno local, UGT, USO ya han confirmado que recurrirán este auto. La pronunciación de la Junta queda pendiente.

Delphi cerró sus puertas en 2007. La multinacional de automación abandonó Cádiz tras más de dos décadas dando trabajo a más de 1.500 personas. Su clausura dio pie después a decisiones políticas que todavía hoy siguen pesando. El Gobierno andaluz aprobó un tratamiento especial para los despedidos que continúa pagándose, un plan impensable en esta coyuntura. A pesar de ese dispositivo singular, el colectivo de extrabajadores sigue reclamando otra solución porque más de 600 siguen sin empleo.

Salidas a los terrenos

El auto de la juez de lo mercantil de Cádiz autorizando el derribo de la fábrica de Delphi de Puerto Real ha tenido una respuesta común entre sindicatos y administraciones. Todos rechazan la demolición como la respuesta para resolver el conflicto. Para Miguel Paramio, de USO, el derribo sería la complicación de una posible venta rápida a una empresa interesada en instalarse allí.

Para UGT sería la consumación del “fracaso político” de este conflicto. “Las naves son el auténtico atractivo de la zona y tirarlas no garantiza el pago a los acreedores”, ha alertado el secretario de la sección de Metal, Manuel Jiménez.

La Junta ha pedido una reunión urgente para tratar de paralizar ese derribo. Según su delegado en Cádiz, Fernando López Gil, la solución pasa por incorporar estos terrenos al Consorcio de Las Aletas, un proyecto de parque logístico muy cercano a estos suelos, que cuenta con dinero suficiente para comprarlos, aunque esta medida no es bien vista por quien lidera este Consorcio que es el Gobierno central.

El Ayuntamiento de Puerto Real, gobernado por la andalucista Maribel Peinado, rechaza también con contundencia el derribo y, al igual que los sindicatos, se muestra muy crítica con el papel que han tenido los administradores concursales. “Su pretensión torticera del derribo no ha tenido en ningún momento en cuenta el futuro y desarrollo de una zona industrial en beneficio de puestos de trabajo”.

La liquidación de la empresa está siendo gestionada desde 2007 por tres administradores concursales. Su deber es conseguir atender la veintena de acreedores de Delphi que están reclamando más de 10 millones de euros. Durante todos estos años han creído que la solución pasaba por la venta de los suelos y sus naves a una empresa interesada en montar otro negocio o bien a la Administración pública. En estos casi ocho años solo una empresa se ha instalado allí para ocupar una parcela de 39.000 metros cuadrados del total de 250.000 para montar una planta de reciclaje.

El plan de liquidación de Delphi, elaborado en 2009, valoró los terrenos y edificios de Delphi en 44 millones de euros. Pero mantenerlos en pie ha costado más de dos millones. Así que los administradores concursales pidieron el año pasado a la juez permiso para derribar las naves. La petición ha sido ahora atendida, varios meses después, en un auto. “El proceso de liquidación concursal no puede eternizarse en el tiempo. La realidad se impone. En estos momentos, y desde febrero de 2013, no existe una oferta económica para la transmisión de las instalaciones”, argumenta Del Castillo. “Las condiciones del mercado son las que son en cada momento y a tales circunstancias se ha de adaptar el proceso de realización sin esperar mejores circunstancias”, añade en el documento.

La juez concreta que en los últimos cuatro años se han generado 2.324.380,08 euros de gastos en seguridad, vigilancia, reparaciones y conservación, primas de seguro, suministro de energía eléctrica y agua, salarios y seguridad social e impuestos municipales. “Son gastos ineludibles que, al ser mínimos, no han impedido que se produzcan actos vandálicos ni que se deterioren las instalaciones”. De este modo, Del Castillo da por buena la propuesta de los administradores.

La juez incide en el texto en el fracaso político para encontrar un comprador. “El tiempo transcurrido solo ha ido en detrimento del valor de las instalaciones por la crisis del mercado y ha afectado también al ámbito industrial”. La juez sí defiende el papel “acertado” de los administradores para difundir “entre sectores y empresas con posibilidades reales de adquirirlas y en el público general” su venta. Para la juez, existen varios motivos que explica ese escaso interés: “Son instalaciones obsoletas y anticuadas”. Por eso defiende el derribo como “el medio idóneo” y da de plazo dos semanas para solicitar ofertas para acometer el derribo. Cree que en dos meses podría estar escogida la empresa y acometer la demolición.

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