Malestar mutuo entre Madrid y Vitoria sobre las detenciones

Las últimas detenciones de abogados y apoyos de presos de ETA han abierto una nueva grieta en las frías relaciones que mantienen los Gobiernos vasco y central. Las críticas dirigidas desde Vitoria por la nula información recibida desde el Ministerio del Interior sobre el alcance de la operación policial han sorprendido en Madrid hasta el extremo de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, admitió este martes en la Cadena Ser que “no entiendo muy bien la vinculación del Gobierno vasco con este colectivo”, en referencia a los detenidos. “Parece que tienen la obligación de defender a los abogados del entorno filoetarra”, añadió.

Pero desde el Gobierno vasco no redujeron, sin embargo, sus críticas un día después. Su portavoz, Josu Erkoreka, siguió hablando de “deslealtad” por parte de Interior al no informar a Seguridad, advirtiendo de hecho de que la Ertzaintza tiene competencias sobre delitos de carácter económico, en referencia a la imputación de fraude fiscal. Precisamente el posible delito económico permitió a Erkoreka señalar que “no sé hasta qué punto esa circunstancia no justificaba que la Ertzaintza estuviera en pleno conocimiento de la operación ya que las Fuerzas de Seguridad del Estado no pueden en ningún caso reservarse la investigación relativa a la comisión de este tipo de delitos”.

A estas diferencias de criterios se añadió este martes la valoración del Gobierno vasco sobre la sentencia del Tribunal Supremo negando la acumulación de penas a presos de ETA. Erkoreka lo criticó porque va en contra de la reinserción de los presos, y adelantó que probablemente será recurrido y rectificado por la justicia europea como ya ocurrió con la denominada doctrina Parot.

El ministro eludió entrar en más valoraciones para dedicarse a justificar la operación de la Guardia Civil. “Si un grupo de personas está cometiendo delitos de blanqueo y otros lo razonable es que se investigue” y añadió: “parece impropio que un abogado se dedique a esto”.

En cuanto al dinero incautado en la sede del sindicato abertzale LAB, Catalá admitió que “si finalmente no tiene vinculación o se exculpa a las personas, se les devuelve sin ningún problema”. De momento, esta cantidad requisada, procedente de la recaudación obtenida durante la manifestación del pasado sábado en contra de la dispersión de los presos de ETA, está consignada ahora en una cuenta depósito.