Las denuncias por cesión ilegal de empleados caen por miedo al despido

La crisis ha hecho caer el número de denuncias por cesión ilegal de trabajadores —cuando una empresa pone sus empleados a disposición de otra sin ser una Empresa de Trabajo Temporal (ETT)— un 38% en los últimos cuatro años pese a que, según los sindicatos, se trata de una práctica al alza.

La Inspección de Trabajo solo abrió 28 expedientes por estas faltas en Cataluña en 2014 frente a los 74 iniciados en 2010. El temor al despido —y a quedarse en paro cuando ya hay 576.000 desempleados registrados—, la generalización de las externalizaciones y la ausencia de campañas de detección son los motivos por los que la Administración sanciona esta infracción con menor frecuencia y los empleados la toleran cada vez más, afirman los sindicatos CC OO, UGT y fuentes de la propia Inspección de Trabajo.

Una compañía puede encargar a otra un servicio que realizaba anteriormente con personal de su propia plantilla siempre que esta última no deje de comportase como un empleador y se limite a proveer personal, algo que prohíbe el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, que trata sobre la cesión de trabajadores.

Las empresas usuarias pagan menos, sin costes ni responsabilidades”

“Esto solo lo puede hacer una ETT”, recuerda Consuelo Chacartegui, profesora de Derecho del Trabajo de la Universitat Pompeu Fabra. Una opción menos barata, ya que la ley obliga a pagar a los trabajadores contratados a través de estas agencias el mismo sueldo que uno de plantilla. A esto se suma que la crisis ha eliminado una de cada cuatro ETT en Cataluña y que estas son más complejas de montar que una subcontrata. Requieren de una autorización específica y una garantía financiera de 25 veces el salario mínimo en cómputo anual.

En Girona, el inspector que se presentó a finales de 2013 en la sede de Dominion S. A. —empresa que realiza instalaciones para Telefónica— encontró a un técnico que, pese a llevar cuatro meses despedido, iba vestido con ropa de la firma, conducía uno de sus vehículos y retiraba material de sus almacenes.

Este trabajador incluso recibía encargos a través del sistema informático que utilizaba antes del cese, reconocido como improcedente por la propia Dominion según el acta de Inspección.

Lo que sí había cambiado era que constaba como trabajador de la subcontrata Globalred Instalaciones y ganaba entre 700 y 900 euros mensuales menos, según cálculos de CC OO. Estaba registrado en una categoría laboral menor, le prorrateaban las pagas extra y ya no cobraba las guardias, los pluses ni las dietas. Su faena era la misma que la de sus antiguos compañeros, que sí conservaban estos beneficios. La empresa fue multada el año pasado por un total de 16.251 euros.

“La gran beneficiada es la empresa usuaria: paga salarios inferiores, no se hace cargo de los costes de despido ni contratación y se libra de responsabilidades”, afirma Chacartegui. A su vez, “a la contratista le resulta rentable porque su única actividad es ceder mano de obra”. Los perjudicados son los empleados: “Son los grandes perjudicados: surge una doble escala salarial, la plantilla oficial adelgaza porque es más cara y esto hace más difícil crear órganos de representación de los trabajadores”, detalla.

La responsable de asesoramiento de CC OO, Luisa Montes, coincide con la catedrática en que los trabajadores denuncian menos porque prefieren un empleo precario y en condiciones irregulares antes que el paro: “Junto al falso autónomo, esta es una de las figuras que más ha crecido tras la reforma laboral. Se está extendiendo a todos los sectores y a empresas de todos los tamaños”. El secretario de política sindical de UGT, Camil Ros, considera que “la principal razón es que el Cuerpo de inspectores no es suficiente y hay poca voluntad política para investigar”.

Se vigila más a parados que a empresas, dicen los inspectores

Fuentes de la Inspección admiten que este fraude “nunca se ha perseguido de forma planificada porque antes no había tanta externalización” y que, “ante la proliferación de empresas de servicios, estamos en el escenario donde hace falta investigar más que nunca”.

La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) acusó a finales de noviembre al Gobierno central de “sesgo ideológico” por centrar los objetivos del Cuerpo en los controles de empleo “bajo la óptica de la criminalización de los desempleados y extranjeros en situación irregular”.

La agrupación denunció en un informe que se estaba “poniendo el acento en los trabajadores perceptores, en clara situación de necesidad, y no en sus empleadores, empresarios que se aprovechan de esa necesidad”.

Uno de estos fraudes desatendidos es precisamente el de la cesión ilegal, sostiene un portavoz de la UPIT, que añade como obstáculo la “aceptación social” de la externalización por parte de compañías, Administraciones —muchas han sido sancionadas por esta práctica—, sindicatos y los propios inspectores.

“No hay presión social porque, pese a que los afectados pueden denunciar y exigir ser admitidos en plantilla, no lo hacen hasta que son despedidos. Además, no es una infracción muy conocida. Cuando la detectas, sueles tener que explicar qué es y la gente se sorprende”, afirma el portavoz.