Tres pedanías de Jerez recuperan la gestión pública del agua

El abastecimiento de agua vuelve a ser público en tres pedanías de Jerez. Casi dos años después de que el Ayuntamiento matriz ejecutara con los votos del PP la privatización de la gestión de este bien básico hasta 2038 a cambio de un canon de 80,1 millones de euros, Torrecera, Gualdalcacín y Estella han ignorado las advertencias del gobierno de María José García Pelayo y han rescatado el suministro. Desde el próximo lunes, la empresa pública Aguas de la Sierra, dependiente de la mancomunidad de municipios de la serranía gaditana, iniciará la lectura de contadores para poder emitir a los más de 8.000 abonados de estos núcleos pedáneos una primera factura sin el sello de Aqualia, la empresa que se hace cargo del ciclo integral del agua en Jerez desde abril de 2013.

Las entidades locales critican que no han recibido los datos técnicos ni el padrón

El artículo 123 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía recoge que el abastecimiento de agua y la recogida de residuos son competencias propias de las entidades locales. Pese a la claridad del texto, la remunicipalización del agua en los tres núcleos pedáneos no ha sido consensuada. De hecho, el alcalde independiente de Torrecera, Manuel Bertolet; la regidora de Guadalcacín, Nieves Mendoza (Unión Rural Jerezana); y el edil de Estella, Blas Moreno (PA), hacen efectivo el rescate sin que el Ayuntamiento jerezano haya traspasado aún tanto los datos técnicos como del padrón municipal y desoyendo la advertencia del gobierno municipal. “Lo digo para que no haya duda. Mientras que el procedimiento no se culmine, cualquier facturación en el término municipal de Jerez por una empresa que no sea la matriz (Aqualia-FCC) es una facturación totalmente ilegal”, lanzó el primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, a finales de diciembre.

Los alcaldes de las entidades locales entienden que el gobierno popular sencillamente está retrasando de forma intencionada la desvinculación de las pedanías de la privatización de Jerez, entre otras cosas, porque los más de 8.000 vecinos pedáneos van a beneficiarse con el cambio de una rebaja en el recibo de más del 20%. Los tres regidores, quienes iniciaron los trámites para el rescate en septiembre de 2013, dicen haber “perdido la cuenta de las veces que han solicitado el traspaso”, piden “amparo” a la Junta y anuncian que estudian iniciar acciones legales contra el Consistorio por “obstaculizar” el traspaso del servicio pese a que las competencias residen en las pedanías. “Teníamos confianza en que se produjera un relevo consensuado, pero no ha sido posible, así es que vamos a prestar el servicio con los medios que podamos y con las dificultades que tengamos”, apostilla Bertolet. Los regidores han pedido también la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz y de la Junta.